La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia, con el propósito de examinar la legalidad y transparencia del procedimiento de enajenación del inmueble donde opera el Comando Conjunto de Ciberdefensa, ubicado en Puerto Madero, un predio que pertenecía a la Armada Argentina.
Se describen presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisión de deberes de funcionario público en la venta del inmueble. La venta se encuadró en el plan más amplio de disposición de bienes estatales, autorizado por el Decreto 950/2024, que apuntó a vender más de 400 propiedades bajo el argumento de su «innecesariedad» para la gestión pública, con la meta de generar un ingreso significativo para el Estado.
El inmueble asiento de la herramienta más importante de protección de objetivos digitales estratégicos del país se vendió en subasta por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. La esencia de la denuncia, registrada bajo el código de referencia KLGZ-246 el 10 de noviembre último, apunta a la falta de planificación, la omisión de un plan de transición detallado y las eventuales consecuencias estratégicas de un posible ciberataque durante el traslado, asuntos que implicarían inobservancia de los deberes de funcionario público en las máximas autoridades con responsabilidad en la Seguridad, Defensa y administración del Instrumento Militar.
La mudanza del Comando de Ciberdefensa tendría fecha de conclusión marcada para marzo de 2026.
La cadena de los presuntos responsables
La denuncia pide investigar la presunta responsabilidad de los siguientes funcionarios, dadas sus jerarquías y competencias en la cadena de mando y decisión: general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, responsable directo de la infraestructura, los activos críticos (servidores y otros elementos informáticos), y de la seguridad en la Unidad fundamental encargada de articular, coordinar e integrar el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones de Ciberdefensa.
Se achaca a Guimpel que omitió plantear las objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) respecto del riesgo que implicaba la venta sin un plan de reemplazo definido y sin un presupuesto asignado para una nueva sede segura.
Otro señalado es el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), del que depende funcional y operativamente el Comando Conjunto de Ciberdefensa.
La denuncia dice que Isaac tiene la última palabra en disponer de un activo crítico para el Instrumento Militar y señala que debería pesquisarse si cumplió su función de analizar la desafectación de un inmueble estratégico sin contar con un presupuesto y la validación de un plan de contingencia y la planificación de la construcción de una nueva sede con estándares de seguridad.
En otro punto se hace foco en el presunto impacto a la capacidad estratégica ante ciberataques dada la vulnerabilidad que se produjo por enajenar el edificio sin un reemplazo definido. A la fecha se habría seleccionado un edificio ubicado en la calle Junín, barrio de Recoleta que pertenece a la Fuerza Aérea.
También se pone en tela de juicio la responsabilidad que tuvo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, en sus funciones de planificación y gestión dentro del esquema del ministerio de Defensa. Se requiere a la PIA investigar la participación de Rozas Garay en las decisiones que determinaron que el inmueble era «innecesario», y su rol en la supervisión de la planificación logística y de infraestructura.
EL texto solicita revisar si Rozas Garay cumplió con la adopción de medidas de coordinación con el EMCO y la AABE para mitigar el riesgo de seguridad nacional que produciría la venta del inmueble sin un plan de transición ni presupuesto asignado.
Preocupaciones
Expertos en ciber consultados por Ámbito enunciaron dos interrogantes clave: ¿se analizaron los riesgos y los costos de operación, infraestructura y logística, de la venta del predio, antes de autorizarla?, ¿se comprobaron las vulnerabilidades en la seguridad digital de objetivos críticos y su neutralización al momento de reubicar el organismo ciber en una nueva locación?
La venta del predio, donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCC), y las posibilidades de reubicación, también activó preocupación y críticas en el cuerpo legislativo.
La diputada Agustina Propato, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados cuestionó la aplicación del concepto de «innecesariedad» a un inmueble que alberga funciones cruciales para la defensa.
El Comando Conjunto de Ciberdefensa se creó el 14 de mayo de 2014 por resolución del ministerio de Defensa, entonces a cargo de Agustín Rossi. En palabras amplias el CCC protege a la Argentina en el nuevo escenario de batalla global, el ciberespacio, resguarda la infraestructura digital crítica y los sistemas de comunicación del país.
