El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en la justicia tras admitir públicamente que fue él quien “tomó la decisión” de encarcelar a la exmandataria Cristina Kirchner.
En una entrevista en el canal LN+, Milei dijo: “puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, en referencia a la condena contra la expresidenta.
Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, por derecho propio, quien pidió directamente la “indagatoria” de Milei por invadir la esfera de otro poder del Estado.
La otra denuncia fue realizada por la abogada Valeria Carreras. Ambas presentaciones tramitarán en los tribunales de Comodoro Py.
Para los denunciantes, los dichos de Milei implican “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”.
Para Dalbón, abogado que representa a Cristina Kirchner en algunas causas civiles, lo que dijo el Presidente refuerza la postura del “lawfare” y todo lo que ocurrió en el caso Vialidad, en el que la expresidenta terminó condenada con sentencia firme de la Corte.
“Los dichos del presidente Javier Milei -al proclamar que tomó la decisión de que CFK vaya presa- no hacen más que reforzar ese cuadro de imparcialidad planteado en los aludidos actuados. Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron ya condicionados por decisiones previas del Ejecutivo”, manifestó el abogado en el escrito judicial.
Por su parte, la abogada Carreras aseguró en la denuncia que la confesión de Milei “deja expuesta explícitamente, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.
“Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes, y las garantías de debido proceso entre otras de los ciudadanos”.
Las denuncias son por el delito de “abuso de autoridad”, figura prevista en el artículo 248 del Código Penal. “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen, o ejerciere las propias en forma abusiva”, señala.
