El presidente Javier Milei eliminó la obligación del gobierno nacional de realizar en las escuelas de todo el país las jornadas educativas “Educar en Igualdad”, a través de la cual los y las estudiantes de escuelas públicas y privadas recibían al año formación y capacitación para prevenir y erradicar de la violencia de género.
La iniciativa había sido creada en 2015 para ser aplicada en escuelas de los niveles primario, secundario y terciario, en el marco de las políticas de ampliación de derechos e igualdad. Fue sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cristina Kirchner y promulgada como ley 27.234 durante la administración de Mauricio Macri.
Coherente con el discurso misógino, antiderechos y negacionista de la violencia de género, lo que hizo Milei en compañía de sus ministros Sandra Pettovello y Guillermo Francos fue derogar el artículo que le confería al Estado nacional la obligación de realizar esas jornadas al menos una vez durante el ciclo lectivo.
Además, el Decreto 436/2025 que formaliza esa decisión –amparado en la Ley Bases- le transfirió a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires la posibilidad de realizarlas por iniciativa propia.
Las justificaciones de Milei
Los fundamentos que dio el Presidente junto con sus ministros fue el de siempre: “Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Según el texto oficial, tener en manos del Poder Ejecutivo la realización de las jornadas “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” resultaba “innecesario” y contraria al principio de autonomía jurisdiccional en materia educativa.
Seguridad vial y violencia de género
Pero lo llamativo del caso es que la derogación de parte de esa legislación que promovía los saberes, valores y prácticas contra la violencia de género fue incluida en los últimos tramos de un decreto cuyo encabezado no tenía nada que ver con el tema de fondo.
El texto publicado en el Boletín Oficial se refirió en sus primeros ocho párrafos a la legislación sobre seguridad vial y las herramientas de control que las ponían en práctica.
En ese sentido, cuestiona una supuesta “superposición de funciones” entre el Consejo Federal de Seguridad Vial y el Observatorio de Educación Vial, dos entes que nada tienen que ver con las políticas de género contra las que luego apuntó el Gobierno.
La eliminación de las jornadas “Educar Igualdad” aparece disimuladamente entre los últimos párrafos de ese decreto, donde el lector había concentrado su atención sobre la educación vial.
La maniobra distractiva de introducir una temática en un texto que comienza con otra, es la misma que el Poder Ejecutivo utilizó en varios decretos.
Lo hizo en el 340/2025 de mayo pasado, que en principio refería al Régimen de Excepción para la Marina Mercante, pero que en sus últimos y extensos párrafos declaraba como “esenciales” a distintos servicios, restringiendo el derecho a huelga de sus trabajadores.
Esta intentona le valió un choque con la CGT, que presentó una medida de amparo para suspender la aplicación de ese decreto y obtuvo el respaldo de la Justicia laboral.
