Las enfermedades mentales ocupan el 19% de inhabilitaciones en salud de América Latina, mientras que el presupuesto promedio que los países de la región destinan para atender la problemática es únicamente del 3%. América Latina presenta la prevalencia más alta de problemas de ansiedad y la segunda tasa más alta de trastornos depresivos. Se señala como agravantes de las afectaciones a la salud mental en la región la violencia, el racismo sistémico y la desigualdad de género, así como la migración y las emergencias humanitarias. Otros obstáculos a los que se enfrenta la región es el estigma y la discriminación que continúa pesando sobre la salud mental.
A principios de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó el informe titulado Una nueva agenda para la salud mental en las Américas (NASMA). El documento —que incluye 10 recomendaciones para que las autoridades de alto nivel en la región garanticen el acceso a los servicios de salud mental— es un diagnóstico de las repercusiones que la pandemia de COVID-19 tuvo en este rubro.
«El impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental en nuestra región no tiene precedentes (…) La prevalencia de los problemas de salud mental aumentó considerablemente, en especial en las personas en situación de vulnerabilidad«, asevera el estudio.
La NASMA, en ese sentido, «servirá como herramienta operativa y de orientación para los jefes de dependencias gubernamentales del sector salud, la educación, la economía, el bienestar social, el desarrollo, la justicia, el trabajo y empleo, así como para los legisladores locales y los responsables de las políticas en todos los niveles del Gobierno».
El presupuesto para atender la salud mental no es suficiente
La doctora en Psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Elena Medina-Mora, quien formó parte de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 encargada de elaborar el informe, explicó que la NASMA da cuenta de que la atención a la enfermedad mental en la región está muy por debajo de lo que amerita por la magnitud del problema.
Cuestionada sobre las condiciones que hicieron posible la situación actual de la salud mental en América Latina, Medina-Mora detalló que el fenómeno es antiguo y se remonta a la forma de entender y abordar este tipo de padecimientos. Es decir, el presupuesto que los países de la región destinaban a este ámbito, aseguró, tenía como base el concepto de mortalidad. No obstante, cuando se trata de salud mental, la mayor carga se sostiene sobre los días vividos sin salud.
Lo anterior, añadió la experta, hizo que la inversión para atender los padecimientos de salud mental fuera muy baja, hasta que «se modificó el concepto de solo entender la mortalidad [y se comenzó] a ver la carga global de enfermedad«. Dicha carga, precisó la psicóloga, está conformada por dos indicadores, a saber, la mortalidad prematura y los días vividos sin salud.
«En el caso de la enfermedad mental, si bien hay mortalidad, la carga mayor viene por los días vividos sin salud, de tal manera que una persona que puede desarrollar una psicosis grave va a morir con la enfermedad y no necesariamente de la enfermedad», explicó la también integrante del Colegio Nacional de México desde el 2006.
De acuerdo con la NASMA, la salud mental está inextricablemente ligada a muchas enfermedades físicas, tanto transmisibles como no transmisibles. Así, los problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de otras enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, mientras que las personas que viven con estas enfermedades tienden a presentar más problemas de salud mental. Por otro lado, dichos problemas pueden llevar a una disminución de la esperanza de vida de 10 a 25 años en las personas con problemas graves de salud mental.
Entonces, cuando los especialistas se percataron de que la carga global de la enfermedad mental en América Latina es del 19%, comentó Medina-Mora, «se hizo muy evidente que el dinero que se estaba dando para atender la salud mental, pues estaba muy por debajo, el promedio es 3% del presupuesto de salud«, mientras que casi la mitad de los fondos se asignó a hospitales psiquiátricos, que suelen estar vinculados a violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con el informe.
Con todo, la también exdirectora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz celebró que la falta de fondos ha impulsado muchas iniciativas para tratar de lograr paridad en la atención a la salud mental y otras enfermedades. Sin embargo, el camino es largo todavía.
América Latina ocupa el primer lugar en trastornos de ansiedad
La NASMA incluye un decálogo para conseguir el acceso a la salud mental en la región. Las recomendaciones son:
- Elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional.
- Integrar la salud mental en todas las políticas.
- Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental.
- Garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.
- Promover y proteger la salud mental a lo largo de la vida.
- Mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario.
- Fortalecer la prevención del suicidio.
- Adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental.
- Abordar el racismo y la discriminación racial como importantes determinates de la salud mental.
- Mejorar los datos y las investigaciones sobre la salud mental.
A decir de Medina-Mora, estos 10 aspectos, que son el resultado de dos años de trabajo de la Comisión, poseen elementos que se pueden implementar a corto plazo y otros que será necesario poner en práctica durante más tiempo.
«Por ejemplo, tiene una llamada de atención a que se le dé un nivel de mayor importancia a lo que es la atención a la salud mental. Y esto quiere decir que no se vea como algo que necesita una atención secundaria, sino que realmente se le considere como un elemento importante para el desarrollo«, mencionó.
Además, la experta consideró que hay muchas razones para lo anterior, ya que si partimos de la experiencia en las comunidades con índices altos de violencia y de personas afectadas por trastornos como el estrés postraumático o la depresión, se observa que «si [estas personas] no pueden primero resolver su problema de salud, tampoco podrán aprovechar las oportunidades de desarrollo».
Cifras recogidas en la NASMA indican que América Latina presenta la prevalencia más alta de problemas de ansiedad y la segunda tasa más alta de trastornos depresivos de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, el estudio asegura que por cada dólar invertido en ampliar el tratamiento para la depresión y la ansiedad se obtiene un rendimiento de cuatro dólares en mejor salud y capacidad de trabajar.
«Estos trastornos se asocian con una dificultad muy grande para hacer las actividades diarias, para trabajar, para producir, de tal manera que necesitamos subir esto a un nivel de mucha más importancia, debe ser una prioridad nacional, también porque el costo de la enfermedad es muy alto y afecta al Producto Interno Bruto de los países de la región de una manera muy importante», sentenció la doctora en psicología.
Lo anterior, detalló la especialista, se debe a dos factores importantes: primero porque las personas que están enfermas pueden ir a trabajar pero no producen ni trabajan dando todo lo que podrían dar. Segundo, por el ausentismo, ya que «cuando se compara la enfermedad mental, por ejemplo, la depresión, que es una de las enfermedades que más discapacidad ocasiona, encontramos que las personas que la padecen pueden tener dificultad para salir de su casa, dificultad para tomar decisiones».
«Esto hace que tengamos muchas pérdidas económicas, en ese sentido, lo que se busca es poder darles [a las personas] el tratamiento adecuado, darles las opciones y los mecanismos para que puedan tener una identificación temprana y un tratamiento oportuno y disminuir esos costos», aseguró.
Los problemas de salud mental, señala la NASMA, pueden llevar al desempleo, la pobreza, la falta de vivienda y el encarcelamiento, con importantes consecuencias sociales y económicas para la familia y la sociedad. Concretamente, la depresión y la ansiedad implican un costo de un billón de dólares al año para la economía mundial y se prevé que, para el 2030, los problemas de salud mental representarán pérdidas de seis billones de dólares al año, es decir, más de la mitad de la carga económica mundial atribuible a las enfermedades no transmisibles.
De acuerdo con Medina-Mora, cuando se entiende lo que cuesta no atender la salud mental, «se ve que se tiene que invertir porque, de otra manera, los países incrementarán sus niveles de pobreza y dificultarán su desarrollo«, mencionó.
«Cuando esto se hace visible es más fácil que lo podamos subir de nivel y que, entonces, los países lo tomen como una prioridad, sobre todo los países en la región«, consignó.
Problemas estructurales en la región
La Nueva agenda para la salud mental en las Américas propone considerar como agravantes de las afectaciones a la salud mental en la región la violencia, el racismo sistémico y la desigualdad de género, así como la migración y las emergencias humanitarias.
Al respecto, Medina-Mora comentó que se trata de problemas estructurales y endémicos de América Latina. Por ejemplo, «la violencia ha sido un factor que nos ha acompañado y la región tiene los índices más altos de homicidio (…) también tiene problemas de pobreza y la pandemia lo que vino a hacer fue a aumentar el nivel de pobreza».
Según datos recogidos en la NASMA, en los últimos 10 años la pobreza se ha incrementado en América Latina y el Caribe, pasando del 27,8% en el 2014 al 33,7% en el 2022. En tanto, más de 22 millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza, de las cuales 8 millones (36%) se encuentran en situación de pobreza extrema.
«Si bien ya conocíamos estos determinantes sociales, la pandemia hizo visible que la mayor parte de las personas que murieron eran personas sin recursos y que la disparidad o la falta de equidad que había entre los diferentes grupos sociales era inmensa», detalló.
No obstante, Medina-Mora aseguró que estos factores «están relacionados con decisiones políticas, con la manera en que los países en todo el mundo deciden cómo distribuir el ingreso y qué medidas apoyar para el desarrollo».
Por otro lado, señaló que el diagnóstico fortalece la idea de que el tratamiento y la salud por sí misma no pueden avanzar suficiente, toda vez que, para que «una persona viva en comunidad, tiene que tener medicamentos, tener acceso a los servicios, tiene que tener casa, lugares probablemente protegidos dependiendo de su nivel de enfermedad y esto hace que tengamos que recurrir a otros sectores, como los de desarrollo social, de trabajo, de educación, de seguridad y esto, como sabemos, tiene que ver con las políticas públicas«.
Negacionismo: el obstáculo principal
Otro de los obstáculos a los que se enfrenta la región es el estigma que continúa pesando sobre la salud mental. De acuerdo con la experta, esto puede entenderse a partir de dos factores.
«A las personas les da vergüenza y culpa decir que tienen una enfermedad. Las personas que enferman, en lugar de buscar al mejor médico y atenderse, tienden a negarlo o la misma enfermedad, por ejemplo, si se trata de una depresión, pues la gente se queda en su casa, no quiere salir, le cuesta trabajo tomar decisiones. Entonces, la misma enfermedad no ayuda«, señaló.
En segundo lugar, la doctora en psicología señaló la discriminación que sufren las personas que enferman, lo que lleva a ocultar la problemática o a minimizarla. Sin embargo, la investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) celebró que la pandemia del COVID-19 abrió la brecha para que la gente comenzara a hablar de la enfermedad mental. «Eso es una oportunidad muy grande para seguir hablando de ella y entonces, [lograr] que las personas, en lugar de sentir culpa y vergüenza, vayan a tratamiento», mencionó.
«Una proporción muy importante de las razones por las cuales las personas en América Latina no van a tratamiento, son actitudinales, no son solamente barreras estructurales, porque no haya servicios cerca, porque no hay medicamentos y les cuesta muy caro, en fin, hay muchas barreras estructurales, pero las más importantes son actitudinales, quiere decir que la gente piensa que se puede curar sola, porque no sabía dónde ir, porque le daba vergüenza que se enteraran de que estaba yendo al doctor», consignó la especialista.
Por todo lo anterior, la también doctora en Ciencias Biomédicas y de la Salud consideró que es urgente trabajar en una alfabetización en torno a la salud mental, «pero en un sentido positivo, explicar mejor qué es la enfermedad, de dónde surge, todo el aspecto biológico, [dejar claro] que no es un problema de vicios o una enfermedad del cerebro», mencionó.
Asimismo, llamó a reconocer que la enfermedad mental es como cualquier otra y no tiene que ser motivo de vergüenza, se puede y se tiene que hablar de ella, algo que la NASMA establece como prioridad: el derecho de las personas con la experiencia vivida de expresar sus pensamientos y participar en la toma de decisiones sobre su tratamiento y sobre las políticas públicas, recordó la experta.
«Como las personas puedan ir entendiendo por qué les pasa y no se sientan con esta situación de vergüenza que los hace no ir a tratamiento, y por otra parte, darles las habilidades para que sepan buscar ayuda«, puntualizó.
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