El anuncio del gobierno de que tiene en carpeta la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas trae a la memoria la experiencia de los años 90, cuando la línea de bandera fue vendida a Iberia como parte de plan de reforma del Estado de Carlos Menem, quien según Javier Milei fue «el mejor presidente de los últimos 40 años».
En 1990, Aerolíneas -creada por Juan Domingo Perón en 1949- llevaba once años como sociedad del Estado. Previo a la privatización, el gobierno de Menem la convirtió en sociedad anónima. La aerolínea española Iberia hizo un gran negocio: el Estado se hizo cargo de la deuda de la empresa que vendía, mientras desde Madrid se pagaban 1610 millones de dólares en títulos públicos y 260 millones en efectivo.
Para hacerse del dinero, los españoles contrajeron deuda: el pasivo se lo pasaron a la empresa que acababan de comprar. Comenzó una etapa de desmantelamiento. Iberia se deshizo de las oficinas comerciales de Aerolíneas en el país y en el extranjero, además de vender la flota de 28 aviones y los simuladores. Además, desmanteló los talleres y cerró decenas de rutas comerciales.
A mediados de los 90, Iberia controlaba el 30 po ciento de las acciones. Un 19 por ciento estaba en manos de bancos españoles. El 51 por ciento restante estaban en manos del Estado argentino y otros socios locales. En ese marco, ingresaron bancos de Estados Unidos y American Airlines, lo cual redujo la presencia de Iberia al 8 por ciento.
El pasivo se redujo en un contexto de aumento de pasajeros, pero la situación económica llevó a la convocatoria de acreedores en 2000. El gobierno español intentó vender sus acciones a American Airlines, opción que no se llevó a cabo.
Para junio de 2001, la crisis era total en Aerolíneas, con suspensiones de vuelos y una convocatoria de acreedores que derivó en la entrada del Grupo Marsans, que reunía a dos aerolíneas privadas españolas: Air Comet y Spanair. Su cara era el empresario Antonio Mata. Las empresas de Marsans se apalancaron en Aerolíneas para crecer, lo cual hizo más grave la situación.
A comienzos de 2002, con el país en crisis total y el efecto negativo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron en la aeronavegación a nivel mundial, Aerolíneas cerró sus servicios internacionales y pudo volver a operar gracias a un desembolso de 50 millones de dólares que aportó Marsans. Ese año, la empresa salió de la convocatoria de acreedores.
En 2004, Marsans creó Aerolíneas del Sur, una filial de Aerolíneas en Chile, para lo cual uso aviones y recursos de la propia Aerolíneas. Una idea similar se quiso hacer en Perú. Aerolíneas del Sur quebró en 2008. Para entonces, Aerolíneas Argentinas ya había entrado n una nueva crisis, con un patrimonio neto negativo de 81 millones de pesos.
Un informe de la Auditoría General de la Nación desnudó los desmanejos de Aerolíneas. En julio de 2008, los representantes del Estado en el directorio de la empresa se presentaron a la Justicia y pidieron la intervención. El 17 de julio de ese año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para la estatización.
En agosto, Diputados aprobó la norma por 167 votos a favor y 79 en contra. En septiembre, el Senado aprobó la ley con 46 votos en favor y 21. En 2013, Antonio Mata fue condenado en España a dos años de cárcel y a pagar 99 millones de euros. Mientras, Marsans llevó al Estado argentino ante el Ciadi por la estatización y en 2019 obtuvo una sentencia para ser resarcido en 320 millones de dólares. Ahora, vuelven a sonar aires de querer recorrer otra vez la ruta de la privatización.
