El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo designó a un abogado oficial en su defensa para la causa que investiga «maniobras de corrupción pública», de acuerdo a la resolución del fiscal federal Franco Picardi, quien elevó al juez Sebastián Casanello la «plataforma fáctica del caso» tras la decisión de levantar el secreto de sumario, que pesó durante los primeros 20 días de investigación y recolección de prueba.
Spagnuolo, abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, presentó, finalmente, un escrito pidiendo defensa oficial y resultó designado Hernán Silva. El protagonista de los audios en los que se denuncian los hechos de corrupción que involucrarían a la secretaria presidencial Karina Milei resistió las presiones de la Casa Rosada para poner un abogado cercano al Gobierno.
En paralelo, Picardi definió que el periodo de investigación de la causa por las supuestas coimas serán será entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, e irá sobre las droguerías vinculadas a la provisión de medicamentos, por «la recaudación o erogación de pagos indebidos» y los funcionarios involucrados.
Picardi indicó que se buscará determinar sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables. Basándose en la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario, la fiscalía entiende que estos sucesos «habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad».
En este esquema estaría probado el rol de las doguerías «en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional». «Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por Andis de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as», señaló el fiscal.
La investigación se abrió por denuncia del abogado Gregorio Dalbón ante la divulgación de los audios de Spagnuolo en los que alude a presuntos pagos de porcentajes por parte de droguerías que terminarían en manos de funcionarios nacionales, entre los que menciona a la hermana del presidente Javier Milei y al subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo «Lule» Menem.
En tanto, el juez Casanello debe resolver el pedido de la defensa de los dueños de la Suizo Argentina, la familia Kovalivker, sobre la nulidad de la investigación con base en el origen ilegal de esas grabaciones.
