Un informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina, ya entregado a la Justicia federal, advirtió sobre las supuestas irregularidades ocurridas por el Gobierno de Javier Milei en el proceso de distribución de alimentos a comedores populares. Según el documento al que accedieron medios locales, «no se sabe quiénes fueron los beneficiarios» de los productos.
Entre los objetivos de la investigación figura una licitación realizada a través de la Organización de Estados Americanos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas por un monto de 6.700 millones de pesos (unos 4,6 millones de dólares al cambio actual). Esa mercadería debía ser almacenada en galpones de las provincias de Buenos Aires y de Tucumán para su posterior distribución.
Sin embargo, para la PIA no se puede establecer el camino recorrido por los alimentos, que debían ser garantizados por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en cumplimiento de una medida cautelar que ordenaba informar el stock de productos, su origen administrativo y el plan de distribución.
«Patrones de informalidad y desorganización»
En este contexto de irregularidades, el organismo detectó que existieron retrasos, entregas incompletas y falta de documentación, lo que motivó que no se pudiera corroborar si mercadería que figuraba como «entregada» realmente había ingresado a los depósitos. Además, faltan facturas y constancias de pago. «No es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación», detalla el informe.
La distribución de los alimentos también está bajo la lupa judicial. Según recogieron los medios, la PIA observó que muchos remitos de salida no tenían la firma de los destinatarios. «No resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados», detalla el texto. Además, advierte que «está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios».
Por lo tanto, se asegura que esta informalidad «obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico». «La información proporcionada solo permitiría, en el mejor de los casos, arribar a un resultado probabilístico, lo cual resulta conceptualmente antagónico con un informe de trazabilidad», insiste el informe, que resalta la existencia de «patrones de informalidad y desorganización» en la gestión administrativa de la asistencia a los comedores.
