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El boxeador fue capturado en Los Ángeles y será deportado a México por las autoridades migratorias de EE.UU.
El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del histórico púgil mexicano, fue arrestado el miércoles por agentes de migración en Los Ángeles, EE.UU., para ser deportado a México, donde tiene una orden de arresto por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Según información oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chávez Jr. había ingresado con una visa de turista en agosto de 2023, cuya validez expiró en febrero de este año. Además, el Gobierno de EE.UU. sostiene que enfrenta un pedido de captura en México por presunta participación en crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos.
«También se cree que Chávez es un afiliado del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera», señala el comunicado del DHS.
On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and… pic.twitter.com/c4QeRVpCEr
— Homeland Security (@DHSgov) July 3, 2025
Chávez fue capturado el 2 de julio por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Studio City, California. Tan solo cinco días antes participó de una pelea con el boxeador e ‘influencer’ estadounidense Jake Paul, en el Honda Center de Anaheim, donde fue derrotado por puntos, reportó ABC.
¿Nexos con ‘El Chapo’?
El excampeón del mundo de peso mediano había solicitado en abril de 2024 la residencia permanente en EE.UU., invocando su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense. Muñoz estuvo casada previamente con Édgar Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Esta conexión, según el medio Milenio, alimentó sospechas sobre posibles vínculos de Chávez Jr. con dicha organización. Muñoz pidió el divorcio de Chávez a inicios de 2024.
En diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración calificó al deportista como un «peligro para la seguridad pública», aunque no lo ubicó como prioridad para deportación inmediata. Aun así, se le permitió ingresar nuevamente por el puerto fronterizo de San Ysidro el 4 de enero de 2025.
Tras múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente legal, se determinó que se encontraba en el país ilegalmente y que podría ser deportado el 27 de junio de 2025. Se presume que en las próximas horas será entregado a las autoridades mexicanas.
