En un escenario de creciente tensión fiscal, monetaria y cambiaria, los números oficiales del resultado financiero del sector público nacional de 2025 ocultan un componente que, al incorporarse, transforma radicalmente la lectura de las cuentas públicas.
Si se considera la capitalización de intereses de instrumentos como las Lecaps —una mecánica que el Gobierno utiliza para postergar pagos sin reflejarlos en el flujo de caja inmediato—, el déficit ajustado habría ascendido, en julio del corriente, a poco más de $19 billones, un salto que pone en jaque la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo. El dato surge de un cálculo realizado por Ámbito en base a datos oficiales.
Un peso cada vez más difícil de sostener
Vamos a los números. Los datos del Ministerio de Economía, publicados mensualmente reportan un resultado financiero en base caja deficitario de $168.515 millones para julio. Sin embargo, esta cifra no incluye la capitalización de intereses, un rubro que se construye a partir de los reportes de la Secretaría de Finanzas. Tomando los datos oficiales y convirtiendo los valores de millones de dólares a pesos con el tipo de cambio al cierre de cada mes, se revela una carga adicional que el Tesoro acumula silenciosamente.
Esto surge de instrumentos cuya estructura capitaliza intereses en lugar de pagarlos periódicamente, permitiendo renovar deuda al vencimiento sin impactar las cuentas fiscales. El problema radica en que, aunque alivia la presión inmediata, esta postergación traslada una carga insostenible al futuro al incrementar el stock de deuda bruta. Una serie ajustada, que suma el resultado financiero oficial con la capitalización de intereses, expone cómo una parte significativa de los devengamientos no se computa, pese a ser una obligación real.
Basado en datos del Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas, puede verse que la dinámica entre julio de 2024 y julio de 2025 impacta de lleno. Mientras el resultado financiero oscila entre déficits moderados ($466.631 millones en agosto de 2024) y valores más pronunciados ($1.557.305 millones en enero de 2025), la capitalización de Instrumentos muestra un crecimiento sostenido, alcanzando $6.361.956 millones en junio de 2025. El resultado ajustado, que refleja esta suma y utiliza el tipo de cambio al cierre del último día de cada mes, culmina en un déficit de $19,2 billones en julio, un pico impulsado por el canje de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) en la cartera del BCRA. Esta operación, por $27,8 billones, involucró instrumentos preexistentes que ya capitalizaban intereses, añadiendo cerca de $8 billones a la carga de julio.
Aunque se espera que este efecto disminuya en agosto, las tasas de interés elevadas sugieren que la capitalización seguirá superando los niveles previos. En el acumulado de enero a julio de 2025, el Gobierno generó una renta financiera en intereses de deuda —entre pagos y capitalizaciones— por $56 billones, una cifra que, paradójicamente, indica disponibilidad de recursos, pero cuya postergación agrava el panorama fiscal.
Una comparación reveladora: intereses vs jubilaciones
Para dimensionar la magnitud de esta carga, resulta pertinente compararla con el gasto en jubilaciones. En julio de 2025, el desembolso destinado a jubilados y pensionados, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzó aproximadamente $4,6 billones, una cifra que contrasta marcadamente con los $19 billones correspondientes a la capitalización de intereses ajustada en el mismo mes, es decir, en julio. Esto implica que el devengamiento de intereses se ubica muy cerca de quintuplicar el monto asignado a los jubilados y pensionados.
En el acumulado anual hasta julio, mientras los intereses capitalizados y pagados suman $56 billones, el gasto total en jubilaciones y pensiones, según la OPC, se estima en alrededor de $30,1 billones, reafirmando esta desproporción.
Este desbalance pone en evidencia las prioridades del manejo fiscal. La estructura de instrumentos como las Lecaps y el canje de LEFI priorizan la generación de renta financiera extraordinaria, mientras las jubilaciones enfrentan restricciones, con incrementos mínimos que representan una fracción insignificante frente al impacto de la deuda. Este enfoque, que favorece tasas que triplican la inflación proyectada, deja a los jubilados como los principales afectados por un ajuste disfrazado mediante maniobras contables.
