Cada 10 de diciembre, la efeméride invita a mirar la realidad con una mirada más atenta a la igualdad, la libertad y el respeto. En este contexto, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, recuerda que los derechos humanos se construyen en lo cotidiano, en una atención adecuada, en trámites accesibles y en políticas públicas que incluyen a quienes estuvieron históricamente relegados.
La fecha remite a 1948, cuando la comunidad internacional, a la salida de la Segunda Guerra Mundial y de sus horrores, acordó un texto que fijó un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, integrada por un preámbulo y 30 artículos, consagra derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se reconocen como inherentes a toda persona, sin distinciones. Con el tiempo se convirtió en pilar del derecho internacional de los derechos humanos y dio origen a los pactos que conforman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos, que inspira constituciones y leyes en todo el mundo.
Personas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, diversidades, personas con discapacidad y comunidades en situación de vulnerabilidad se ubican en el centro de una agenda que busca reducir brechas y ampliar oportunidades. La capacitación permanente de agentes estatales en derechos humanos, perspectiva de género y prevención de la violencia institucional es una herramienta clave para que cada intervención del Estado esté guiada por el respeto a la dignidad.
En el marco de esta jornada, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, estuvo acercando material promocional en el Centro Cívico sobre derechos, canales de acompañamiento y recursos disponibles para la ciudadanía.
De este modo, el Día Internacional de los Derechos Humanos se mantiene como un recordatorio de que toda persona tiene derecho a vivir sin violencia ni discriminación, y de que la tarea del Estado es traducir ese principio en acciones concretas que se perciban en la vida diaria de la comunidad.
