El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau adelantó que junto a otros integrantes del bloque abrirá un pedido de investigación sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violación a la Ley de Inteligencia al haber ordenado las requisas y controles de identidad de los manifestantes que llegaban en micros desde el interior del país para unirse a la movilización en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Las requisas al mando de las fuerza de seguridad federales, al mando de Bullrich, en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires se transformaron en un clásico desde el inicio de la gestión de Javier Milei y la reinstalación del protocolo antipiquetes. En este caso, las requisas fueron uno de los pocos gestos que pudo aplicar la ministra de Seguridad ante la masividad de la movilización, que desbordó las calles del centro porteño.
«No sabemos todavía la cantidad de gente que se va a movilizar», adelantó Bullrich en la mañana al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar el protocolo antipiquetes y agregó: «Vamos a tratar de molestar lo menos posible a la gente y que aquellos que se manifiesten lo hagan lo más responsablemente». Lejos de eso, decenas de personas que se movilizaron en micro desde el Conurbano y el interior del país fueron requisadas, demoradas y registradas por las fuerzas de seguridad.
Moreau radicará el pedido ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para denunciar a la jefa de la cartera de Seguridad «por haber ordenado a las fuerzas federales no sólo requisar sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha».
El diputado de Unión por la Patria aseguró que, con las requisas, Bullrich «está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos». Entre las personas que fueron requisadas se registró la detención de José Miguel Pessi. La detención hecha por la Policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue filmada en vivo por un móvil del canal LN+, cuando Pessi comenzó a amenazar al presidente Milei.
Para Moreau el operativo montado por Bullrich desde esta mañana fue «un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce» y precisó que la Ley 25.520 prohíbe taxativamente obtener datos de las personas por opiniones políticas o por pertenencia a organizaciones políticas.
El operativo montado para la masiva expresión popular de rechazo a la detención de Cristina Kirchner –algo que Bullrich calificó como «tiranía callejera» y lo comparó con lo sucedió en 2001 con el gobierno de Fernando De la Rúa– fue coordinado entre todas las fuerzas federales, entre ellas, la Policía Federal.
Este martes, Bullrich y Milei habían anunciado la reforma del estatuto de la PFA y la creación de un cuerpo dedicado a la investigación criminal y alejado de las tareas de seguridad callejeras. En la reforma del estatuto, el gobierno mantuvo viejas prácticas que habilitan a la Policía Federal a realizar detenciones sin ordenes judiciales e incluso incorporó la figura de requisas en contexto de «operativos de prevención».
La coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, denunció que esa figura podría comenzar a utilizarse para «avalar requisas sin orden judicial en el contexto de una protesta social».
