El proyecto de la bancada parlamentaria peronista apunta a la derogación de los DNU 493/2025 y 494/2025 considerando que «modifica de forma unilateral el marco legal vigente en materia de provisión del servicio público de agua potable y saneamiento». Además, aducen que en la actual gestión se eliminaron controles de calidad y se paralizaron obras que buscaban expandir el acceso a la red de agua y cloacas.
La iniciativa, formulada por las bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, fue rubricada por una decena de miembros del bloque peronista en la Cámara baja y argumenta que la medida del Ejecutivo «resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria, sin garantizar que las tarifas sean justas y razonables, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional».
La venta se organizará en dos etapas. En la primera, se buscará transferir al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico del sector, lo que marcaría el traspaso del control operativo de la empresa. Posteriormente, el resto del paquete accionario será ofrecido en bolsas y mercados del país, sin aplicar las preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696, ni implementar un Programa de Propiedad Participada.
El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, será responsable de garantizar que el proceso de privatización no afecte la continuidad del servicio público de provisión de agua y saneamiento.
Privatización de AySA: permitirán el corte del suministro
El Decreto 493/2025, mediante el cual reemplazó el marco normativo vigente y autorizó, por primera vez en casi dos décadas, el corte del suministro por mora. El DNU, difundido en el Boletín Oficial, otorga “amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada”, así como la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar financiamiento externo.
La decisión se fundamenta en el diagnóstico de la actual administración, que sostiene que AySA operó de forma deficitaria desde su creación, dependiendo de manera constante y significativa del financiamiento estatal. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2023 el Tesoro Nacional transfirió a la compañía cerca de u$s13.400 millones.
La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, argumenta el decreto en sus considerandos, en el marco de una “profunda crisis económica” que impide al Estado continuar subsidiando el sistema.
