El grueso del arco opositor en la Cámara de Diputados logró ayer en distintos plenarios de comisiones darles dictámenes de mayoría a los proyectos para declarar la Emergencia Pediátrica a raíz de del conflicto que la motosierra del Gobierno generó en el Hospital Garrahan y al Financiamiento de la Universidades Nacionales, que ahora llevarán al recinto en busca de la media sanción de ambos proyectos. En el caso de las universidades el dictamen de mayoría cosechó un amplio consenso que se plasmó con la rúbrica de 49 firmas que aportaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica e Innovación Federal. En tanto, la emergencia hubo 4 dictámenes: el de mayoría –conformado por casi los mismos bloques que avalaron el financiamiento universitario– reunió 65 firmas; mientras el PRO, la UCR y la CC redactaron el propio de minoría, al igual que el FIT; mientras que el oficialismo libertario se pronunció por el rechazo de la emergencia del principal hospital pediátrico de alta complejidad y de referencia para todo el país.
Garrahan
Tras el emplazamiento del pleno de la Cámara baja, este martes comenzaron los plenarios que La Libertad Avanza quería frenar de cualquier manera. La niebla y los vuelos suspendidos y retrasados en el Aeroparque desataron un debate imprevisto por la conducción del plenario de las comisiones de Salud, Familias y Presupuesto que abordó la emergencia pediátrica. Con la ausencia de la presidenta de la comisión de Salud, la santiagueña María Montoto (UxP), que oficiaba de cabecera, la vicepresidenta Carla Carrizo (DpS) quiso tomar el comando del plenario, al que se opusieron los libertarios y sus socios políticos. Convencidos de que tendrían las firmas suficientes para el dictamen y evitar habilitar reclamos del oficialismo, la discusión se saldó con la decisión de que el principal apuntado por el emplazamiento, el libertario José Luis Espert, a cargo de la comisión de Presupuesto, lo presidiera.
Los cálculos previos de los opositores se cumplieron. Con algunas disidencias, el dictamen de mayoría fue firmado por 65 diputados de UxP, DpS, EF, misioneros y salteños de IF y la radical Natalia Sarapura. Un que busca declarar la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina” por un año –originalmente preveía dos– “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”. Y declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y dispone que se garantice, en el marco de la ley, “su funcionamiento pleno y sostenido”.
Además, se agregó un artículo, con aval de UxP y DpS –pero no de toda la coalición opositora– y sobre el que buscarán zanjar diferencias camino al recinto, que propone la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual el Gobierno modificó el régimen de residencias médicas. Una propuesta bien recibida por los médicos del hospital presentes en el debate.
Mientras que LLA cosechó las firmas de 14 diputados propios para el primer dictamen de minoría en rechazo a la propuesta. En tanto, la UCR, la CC y el PRO se desmarcaron del resto del arco opositor con un dictamen propio que recogió 10 voluntades entre los integrantes de las comisiones que conformaron el plenario. El cuarto dictamen fue del FIT.
Universidades
De inmediato, se reunió el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto para abordar el debate sobre el financiamiento universitario. Previamente, rectores universitarios, organizaciones estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes exigieron el avance del proyecto de ley respaldados por documentos con mil firmas y cuyas cajas se posaron en las largas mesas de la sala del Anexo C de la Cámara baja donde se llevó adelante la discusión.
La oposición protagonizó el debate, en el que hubo duros cuestionamientos al Gobierno nacional y al veto de Javier Milei a la ley anterior que sancionó el Congreso para financiar a las universidades nacionales y que el Presidente amenaza con volver a vetar.
El dictamen de mayoría reunió 49 firmas de los espacios políticos que impulsaron los textos y que también acompañaron el emplazamiento en el recinto la semana pasada para no demorar más su tratamiento. El casi medio centenar de avales tuvo la rúbrica de 34 integrantes de UxP; 4 de EF; 6 de DpS; 2 de la CC; y 3 de IF (la salteña Pamela Calletti y los misioneros Carlos Fernández y Yamila Ruíz que responden directamente a sus respectivos gobernadores).
La propuesta obliga al Gobierno a garantizar el “financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente”; así como la recomposición presupuestaria del 2024, su actualización en 2025, la convocatoria a la paritaria nacional de docentes y no docentes, la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles y partidas para la investigación científica, cuyas auditoría seguirán a cargo de la Auditoría General de la Nación bajo control del Congreso.
Con algunas diferencias, el FIT presentó un dictamen de minoría avalado por sus diputados Christian Castillo y Vilma Ripoll. Aunque sin pronunciarse directamente, LLA encolumnó a sus socios políticos que no avalaron ninguno de los despachos y que votarían en contra: el Pro, la UCR, la Liga del Interior, el monobloque tucumano Creo, la bancada sanjuanina de Producción y Trabajo, y el MID.
Una nueva derrota parlamentaria para la Casa Rosada, que difícilmente pueda revertir cuando el debate llegue al recinto de la Cámara baja.
