El Gobierno libertario y los bloques colaboracionistas en la Cámara de Diputados buscarán hoy emitir dictamen en un plenario de comisiones al proyecto que modifica el actual Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En la previa a la campaña electoral, la Casa Rosada impulsa una iniciativa respaldada por el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal para que llegue al recinto antes de fin de mayo. Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT), organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica rechazan la propuesta.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda está citado para hoy a las 16 horas en el Anexo C de la Cámara baja. Allí el oficialismo y sus aliados buscarán darle dictamen a un texto de consenso. Se trata de un acuerdo que unificó el proyecto del Gobierno, que proponía que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años, el del libertario mendocino Alvaro Martínez que impulsa la punibilidad a partir de los 12 años, y los presentados por el PRO, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, Democracia para Siempre, UCR, de Transformación (de la expulsada libertaria Lourdes Arrieta) y del massista Ramiro Gutiérrez que proponen reducir la edad de los 16 a los 14 años.
En minoría quedarán afuera del debate otros tres proyectos de UxP para modificar el actual Régimen Penal Juvenil, pero sin bajar la edad de la imputabilidad. Una postura que comparten los diputados de la izquierda, los organismos de derechos humanos y a la que se sumó la Iglesia Católica: «No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz», dijo el obispo de La Rioja y presidente de la comisión de Pastoral Social, Dante Braida.
El oficialismo decidió acelerar ahora el plenario para reformar el Régimen Penal Juvenil y llevarlo al recinto de Diputados para darle media sanción luego de tres postergaciones, algunas de las cuales pusieron en aprietos a la Casa Rosada. La primera fue el 8 de abril, día en el que la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA con la interpelación a los funcionarios y la creación de la comisión investigadora del Criptogate. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde de ese mismo día, la sesión se extendió y quedó reprogramado para el miércoles 23 de abril, pero se suspendió nuevamente al postergarse toda la actividad parlamentaria de esa semana por la muerte del papa Francisco.
Se reprogramó para el 30 de abril, pero la tercera no fue la vencida. Esa postergación abrió la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de que el proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil no prosperaría en lo que quedaba del año legislativo. Pero la iniciativa formaba parte de las prioridades de la Casa Rosada: el propio presidente Javier Milei exigió al Congreso aprobar la baja de la imputabilidad a los menores en su discurso ante la Asamblea Legislativa en la inauguración de las sesiones ordinarias el primero de marzo, en medio de la conmoción por el asesinato de la niña Kim Gómez por dos menores en La Plata. Ahora el Gobierno volvió a la carga por la aprobación de la iniciativa, que busca enarbolar como trofeo en la campaña electoral.
Promesas en medio del ajuste
El proyecto del oficialismo establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Otro de los puntos de la propuesta mileista es que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. A pesar de que el Gobierno insiste en profundizar su plan “motosierra”, que ya recortó presupuestos esenciales en minoridad, educación, salud, salud mental y adicciones, además del brutal ajuste económico sobre sectores sociales más vulnerados, y que ahora promete revertir parcialmente para forzar la baja de la imputabilidad.
En otra de las promesas, propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Aunque no especifica de donde saldrán los recursos económicos: “Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley, las partidas presupuestarias correspondientes para cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa en todo el país”, dice el texto del proyecto de Milei.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores. Otras medidas que se podrán completar como sanciones en casos de delitos menores son prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo comunitario, monitoreo electrónico, y reparación del daño.
