La disputa en torno a la vacuna contra la fiebre aftosa sumó, en las últimas horas, una nueva dimensión política. Un grupo de diputados nacionales encabezados por Martín Ardohain presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja para exigir al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que informe si suspenderá la vacunación de algunas categorías bovinas, y para instar a laboratorios y fundaciones sanitarias a bajar el precio del producto.
El texto, respaldado también por las diputadas Sofía Brambilla, Karina Bachey y los diputados Emmanuel Bianchetti, Sergio Capozzi y Eduardo Falcone, manifiesta “profunda preocupación ante el elevado costo que aún representa la vacuna antiaftosa en nuestro país, en comparación con los países vecinos”, y destaca que ese costo “es asumido en su totalidad por los productores, con consecuencias directas en el precio de la carne para los consumidores”.
Los legisladores recordaron que la vacunación antiaftosa representa un gasto anual de aproximadamente u$s150 millones para el sector ganadero, y que el intento de desregulación parcial llevado a cabo por el Senasa en 2024 no logró modificar significativamente el precio de la vacuna. Además, subrayaron que el año pasado se anunció la suspensión de la vacunación para ciertas categorías (novillos, vaquillonas, toritos y machos enteros jóvenes) durante la segunda campaña del año, pero finalmente no se concretó. Esa medida, sostienen, “representaría un alivio inmediato para los productores”.
En este contexto, reclaman que el Senasa brinde precisiones sobre el cronograma de vacunación y que se revise la estructura de costos, incluyendo lo que cobran los laboratorios y las fundaciones sanitarias, muchas de las cuales están dirigidas por entidades de productores.
Una discusión que lleva más de un año
El reclamo de los legisladores se suma a la controversia ya existente entre funcionarios del gobierno, laboratorios y productores. El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, reiteró recientemente que en Argentina se paga la vacuna a más de un dólar por dosis, mientras que en Paraguay se consigue por 0,35 dólares. Propone permitir la libre importación como forma de fomentar la competencia.
Sin embargo, los únicos laboratorios que han podido cumplir con los requisitos técnicos del Senasa son los argentinos CDV y Biogénesis Bagó. El laboratorio Tecnovax denunció que el organismo sanitario le impidió completar las pruebas necesarias para registrar una vacuna importada desde Brasil. En diálogo con Ámbito, Diego La Torre, su CEO, aseguro que los bajaron del proceso “sin justificación técnica, tras una inversión millonaria y el cumplimiento de todas las exigencias regulatorias”. Agregó que “durante más de 20 años se transfirieron más de u$s2.000 millones desde el bolsillo de los productores al de un cartel que controla el mercado. No hay competencia porque las regulaciones están diseñadas para impedirla”.
La Torre también señaló que Tecnovax cuenta con contratos internacionales, exporta vacunas a los cinco continentes y cumple exigencias regulatorias mucho más estrictas que las locales. “Lo que pedimos es competencia. Que se abran las puertas a otras alternativas. El Estado obliga a vacunar pero no permite que otros laboratorios participen del mercado. Si un funcionario firma una regulación que impide la entrada de nuevos jugadores, ese funcionario está sosteniendo el monopolio”.
El debate sobre la cobertura y la estrategia sanitaria
La actual campaña de vacunación se realiza con vacunas bivalentes, menos completas que las tetravalentes utilizadas hasta 2024.El director comercial de CDV, Fernando Matticoli, dialogó con Ámbito y cuestionó esta decisión por considerar que responde a intereses comerciales y no a criterios sanitarios. Detalló que “reducir cepas no abarata significativamente los costos, pero sí disminuye la cobertura. Advirtió que “ahora estamos más expuestos ante una eventual reintroducción del virus” y recordó que es altamente probable que durante el mes de mayo Brasil consiga la certificación de país libre de aftosa sin vacunación, con lo cual eso generaría cierta presión sanitaria sobre el rodeo argentino por cuestiones geográficas.
Matticoli también remarcó que la vacuna tetravalente ofrecía mayor protección y que la decisión de modificarla fue una concesión a empresas que no podían cumplir con el estándar anterior. “Nosotros cumplimos con todo lo que pidió Senasa. Registramos la nueva vacuna y atravesamos nuevamente el proceso técnico, con los costos que eso implica. Pero el país queda menos protegido porque otros no llegaron a cumplir y aún así lograron cambiar las reglas”.
Una política sanitaria paralizada en medio de internas
La discusión por la vacuna contra la fiebre aftosa derivó en una paralización dentro del Senasa, con internas entre funcionarios del gabinete nacional tras la designación de una nueva gerente general en el organismo sanitario, llamada María Eugenia Barbieri, quien sin dudas es una piedra en el zapato para el actual presidente del organismo, Pablo Cortese.
Mientras tanto -durante su reciente paso por el Congreso de la Nación– el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue consultado por diputados sobre la actuación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en este conflicto. En su respuesta, Francos confirmó que “la CNDC se encuentra llevando adelante una investigación sobre los actores del mercado de producción y comercialización de vacunas contra la fiebre aftosa, iniciada a mediados de 2024 a partir de una denuncia por presunta cartelización”.
Por otra parte, el Ministerio de Economía, del que depende la CNDC, informó además que el organismo está “evaluando la posibilidad de emitir una recomendación pro competitiva que podría tener impacto sobre diversas regulaciones que inciden, de forma directa e indirecta, en el mercado de producción de antígenos y vacunas contra dicha enfermedad”.
El escenario para 2026 no muestra cambios relevantes: las vacunas seguirán siendo producidas localmente por los mismos laboratorios de siempre, con una formulación de menor cobertura, y a un precio que sigue generando controversias. La apertura sigue sin concretarse y los costos recaen, como siempre, sobre los productores.
