El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó este lunes un proyecto de resolución para interpelar al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una moción de censura. La medida surge después de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero postergada hasta que se asignen partidas presupuestarias específicas.
El proyecto tiene la firma de figuras reconocidas de la oposición, como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó. En él se enumeran causales graves como la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias. Cada punto será debatido y votado de manera independiente en el pleno, según establece el texto.
Qué es la moción de censura
La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Introducida en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución, este procedimiento tiene dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras; y segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado.
A diferencia de los sistemas parlamentarios, en Argentina la moción de censura no implica responsabilidad política del Presidente ni del Jefe de Gabinete, sino solo la eventual sustitución del funcionario interpelado, que puede ser reemplazado por decisión presidencial o, en casos extremos, mediante juicio político.
Este mecanismo funciona como un control del Congreso sobre la gestión ejecutiva, particularmente sobre la coordinación y administración del gabinete, y puede ser promovido por distintas causas, aunque no puede repetirse por motivos idénticos ya juzgados.
La ley suspendida que preocupa a miles
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido vetada por el Gobierno en agosto, pero logró imponerse en el Congreso gracias al respaldo de dos tercios de las cámaras.
Este lunes, tras demoras en la implementación de la norma, el Ejecutivo informó suspendía su aplicación «en busca garantizar coherencia con el Presupuesto 2026 y la planificación financiera nacional».
La decisión se sustenta en la necesidad de determinar fuentes de financiamiento antes de poner en marcha la ley. “Es en el marco de la aprobación del Presupuesto donde se debate cómo afrontar los gastos que demanda cada política pública”, señalaron desde el Gobierno.
Dinero reasignado, pero dudas persistentes
Paralelamente, la Decisión Administrativa 24/2025 reasignó fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas. El presupuesto se incrementa en más de 121 mil millones de pesos, financiados mediante recortes de otras obligaciones del Tesoro.
A pesar de esta medida técnica, la oposición considera que la suspensión de la ley obstaculiza derechos fundamentales y pone en evidencia un conflicto entre la planificación financiera y la protección de los sectores más vulnerables.
