Con el objetivo de proteger a quienes compren inmuebles en desarrollo, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para introducir un régimen específico que contemple una modalidad de compra inmobiliaria denominada «en pozo» que supone riesgos ante la falta de reglas claras.
Esta iniciativa busca complementarse con la Ley de Defensa del Consumidor y está inspirada en las experiencias de países como España, México y Estados Unidos.
Según detalla el texto del proyecto, su principal objetivo es conformar un «marco de transparencia, el uso adecuado de los fondos, y responsabilidad en la ejecución y entrega de las obras, con sanciones efectivas para los desarrolladores inmobiliarios ante incumplimientos en sus obligaciones contractuales» para darle una garantía a los compradores de este tipo de inmuebles.
Compra en «pozo»: qué regulaciones propone el proyecto
Entre otros puntos, el proyecto establece que los fondos aportados por los compradores solo podrán destinarse a la obra comprometida y no a otras finalidades.
Otro de las propuestas de la iniciativa es obligar a los desarrolladores inmobiliarios a publicar balances anuales auditados por profesionales matriculados, y los obliga a entregar trimestralmente a los compradores un informe sobre el estado de avance de obra, que detalle los plazos de entrega y eventuales demoras en la ejecución.
También determina que los desarrolladores tendrán que constituir un Fondo de Garantía, es decir, un seguro de caución equivalente al monto total de los anticipos recibidos, que estará destinado a la devolución de dinero a los compradores en caso de incumplimientos en la entrega de las unidades.
A su vez, la iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, que será de inscripción obligatoria para todas las personas humanas o jurídicas que quieran desarrollar proyectos de inversión inmobiliaria.
En cuanto a las sanciones económicas, el proyecto dispone una penalidad por demoras injustificadas respecto a los plazos pautados para la entrega de las unidades.
Esta sanción económica se combina con sanciones penales más severas por estafas, lo cual viene de la mano de una propuesta de modificación del Código Penal. De este modo, se prevé una pena de 2 a 8 años de prisión por perjuicio económico mediante engaño o abuso de confianza.
El diputado Agost Carreño enfatizó la necesidad de esta legislación al advertir que «la falta de regulación específica ha permitido que desarrolladores inescrupulosos operen sin controles adecuados, poniendo en riesgo los ahorros y el bienestar de miles de familias«.
