El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una de sus peores crisis en décadas. A pesar del aumento del 29% y 35% anunciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el último trimestre del año, las entidades que prestan servicios aseguran que la medida no alcanza para cubrir el atraso acumulado, que ya supera el 70%, y que no cumple con los parámetros de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2024.
“El anuncio del Gobierno es absolutamente insuficiente. No respeta la ley y no cubre ni la mitad del atraso arancelario. Llega tarde y mal, con instituciones que se endeudan para pagar sueldos, honorarios y cargas sociales”, afirmó Alex Goldman, referente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS).
Según la organización, una de cada cinco instituciones en la provincia de Buenos Aires cerró en los últimos meses, y el panorama podría agravarse si no se aplican de inmediato los ajustes previstos por ley. “No se puede sostener un funcionamiento ni una atención digna para las personas con discapacidad”, advirtió Goldman.
Pagos demorados y deudas acumuladas
El incremento dispuesto por la ANDIS será escalonado y se aplicará sobre los aranceles de las prestaciones que cubren obras sociales y prepagas. Sin embargo, el sector remarca que los nuevos valores recién se percibirán entre marzo y abril de 2026, por el sistema de facturación a mes vencido y los plazos de pago habituales, que en muchos casos llegan a los 90 días.
“Mientras el Gobierno habla de acompañamiento y previsibilidad, las instituciones trabajan con aranceles congelados y se financian con deuda. Los aumentos se licúan antes de llegar a las cuentas”, sostuvo Goldman.
El atraso, explican, no sólo afecta los salarios de profesionales y terapeutas, sino también los servicios de transporte, alimentación y mantenimiento, que dependen directamente de los aranceles fijados por el Estado.
Un reclamo que llega a la Justicia
Ante la falta de respuestas, CAIDIS y otras entidades del sector presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y la restitución de los aranceles establecidos por esa norma.
El planteo judicial apunta también al incumplimiento de la compensación económica prevista por la ley, una deuda que el Estado mantiene con los prestadores y que, según estiman, supera los dos años de mora.
“Nos encontramos en estado de alerta. Si no se aplica la ley, miles de instituciones en todo el país van a seguir cerrando, con la pérdida de empleos y la interrupción de terapias y servicios esenciales”, advirtió el dirigente.
El sistema prestacional de discapacidad cubre a más de 300.000 personas en todo el país. Se trata de servicios que garantizan educación especial, atención médica, transporte adaptado y acompañamiento terapéutico, en gran parte a través de organizaciones privadas o sin fines de lucro que dependen de los aranceles fijados por el Gobierno.
Con el deterioro del financiamiento, muchas entidades redujeron personal, acotaron prestaciones o suspendieron talleres y terapias. En algunos casos, los pacientes quedaron sin atención por el cierre definitivo de centros.
Un ajuste que no ajusta
El aumento dispuesto por la ANDIS representa menos de la mitad del desfasaje inflacionario y no alcanza a cubrir los costos reales de funcionamiento. Desde CAIDIS explicaron por qué consideran insuficiente el aumento anunciado por el Gobierno:
- Los incrementos llegan con meses de retraso y sin retroactivos.
- No contemplan el aumento de salarios ni cargas sociales.
- Los fondos se acreditan con plazos de entre 60 y 90 días.
- El Estado no pagó la compensación económica prevista por la ley.
