El plan motosierra se ensañó especialmente con las personas con discapacidad. Ese colectivo, a través de sus distintas organizaciones, viene denunciando desde el año pasado un plan de ajuste que incluye el recorte de cientos de miles de pensiones, el desfinanciamiento del sistema de prestaciones de salud y educación y el desguace de la ANDIS, el organismo que aplica las políticas públicas destinadas al sector. Un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) describe por ejemplo que la pensión por invalidez laboral está clavada en los 217 mil pesos por mes (el 70 por ciento de una jubilación mínima) y que una maestra de integración en la escuela común cobra unos 3 mil pesos la hora, recién a los 180 días. Los talleres protegidos, por citar otro caso, reciben una asignación estímulo de sólo 28 mil pesos por mes, que no se actualiza desde
febrero de 2023. Ese combo agravó una situación crítica que ya venía de arrastre con gobiernos anteriores. La crisis, con Milei, se convirtió en emergencia.
En ese marco, el colectivo de la discapacidad salió a la calle en numerosas acciones de protesta. Protagonizaron diversas marchas hacia la quinta de Olivos y al Congreso para denunciar el ajuste y también en apoyo al proyecto impulsado por la oposición que declara la «emergencia» del sector y que ya obtuvo media sanción de Diputados. Este jueves volverán a hacerlo, cuando el Senado debata el proyecto.
La emergencia, en números
- Instituciones de apoyo al borde del cierre: el último aumento que recibieron los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte fue del 0,4 por ciento en diciembre. Hace siete meses que el valor del trabajo de los profesionales que acompañan y apoyan a las personas con discapacidad está congelado. Ese valor se define a partir de un «nomenclador» que establece el Estado y se aplica tanto a las obras sociales como al programa Incluir Salud, que es público, y que utilizan unas 500 mil personas en todo el país. Las organizaciones denuncian que el ajuste impacta en dos aristas: las obras sociales recortan los servicios disponibles y las familias –las que pueden– terminan afrontando ese gasto de su propio bolsillo. Hoy, la hora de un maestro de apoyo se paga $3.000 y la hora de psicomotricidad se paga $12.370, según el último informe de REDI. Por el trabajo de una persona con discapacidad en los talleres protegidos (herrería, carpintería, panadería y otros rubros) el Estado paga la miseria de 28 mil pesos por mes.
- Recorte de pensiones hacia atrás y hacia adalente: tal como informó Página/12, los propios funcionarios de la ANDIS reconocieron que proyectan recortar este año unas 400 mil pensiones por discapacidad, un tercio del total, que hoy es de 1,2 millones. Lo hará a través de un proceso de auditorías, que fue denunciado ante la ONU por su carácter discriminatorio. En varias provincias se reportaron múltiples problemas de implementación y miles de personas denunciaron que nunca les llegó la notificación para auditarse. La situación se ve agravada por el ajuste en el valor mismo de la pensión, que hoy es de 270 mil pesos más un bono, que la lleva por encima de los 300 mil pesos. El ajuste en términos reales fue del 56% entre 2023 y 2024, según datos oficiales. En paralelo, el Gobierno endureció los requisitos para aquellas personas que lo solicitan. Estableció un nuevo «baremo» para que los futuros beneficiarios deban demostrar tener una “incapacidad
laboral total”, superior al 66%. Además, la volvió incompatible con tener un trabajo formal. - Ajuste en la ANDIS: Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral resalta que, a la fecha, en el organismo que aplica las políticas públicas en la materia hubo 340 despidos, «dentro de los cuales había personas con más
de 20 años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegados sindicales y personas con
discapacidad». En lo que va del 2025, además, «la Agencia dejó de contar con áreas vinculadas a lo social. No hay canales de comunicación fluidos, no hay recepción de llamadas. Asimismo en la sede principal de AMBA, se atiende únicamente dos veces por semana con la persiana baja».
Qué propone la ley
Entre sus múltiples artículos, el proyecto que podría sancionarse hoy en el Senado busca:
- Modificar las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas, que podrán acceder a ella si consiguen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que echaría por tierra las últimas modificaciones al respecto del Gobierno. Según la oficina de Presupuesto del Congreso, el cambio «podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas», lo que supone «un refuerzo fiscal equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI». El proyecto propone que esos fondos salgan de la reasignación de partidas.
- El proyecto propone un incremento «extraordinario» para los prestadores, que busca compensar las pérdidas acumuladas respecto de la inflación. Se financiaría a partir de transferencias de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. Para eso hace falta un incremento presupuestario de sólo el 0,03%. Para los talleres protegidos, el aumento costaría el… 0,0008% del PIB.
- Recuperar el modelo social de la discapacidad, a partir del retroceso al modelo médico libertario que no contempla la Convención de la ONU y que se vio reflejado en la Resolución retrógrada y discriminatoria que contenía términos como «idiota» para referirse al colectivo.
«Para el sector de discapacidad es muy importante que los senadores puedan sancionar la ley», le dijo a Página/12 el referente del Foro por los derechos de la Discapacidad, Pablo Molero. «Hay un atraso arancelario muy importante y la ley establece un mecanismo para revisar esta situación y todos los años tener un estudio de costos, que permita pagar aranceles acorde a las prestaciones», agregó. «Lo que está en juego es un reconocimiento a las personas con discapacidad que se han visto cuestionados por la actual gestión de gobierno».
