Bloques opositores piden el tratamiento del DNU 941/2025 en las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
El primer mes del año sólo es un receso en términos formales en el Congreso de la Nación. Apenas conocida la promulgación del DNU 941/2025 que modifica la estructura y los alcances del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), dos de los tres bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados solicitaron la conformación de comisiones para debatir y tratar el decreto para que cualquier modificación del organismo sea mediante una ley.
La solicitud fue impulsada por los 18 diputados que conforman el bloque de Provincias Unidas, que con esta iniciativa subrayan su antagonismo con el oficialismo legislativo luego de no acompañar el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional. A ese pedido se le sumó, horas después, uno rubricado por Germán Martínez, titular de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara baja. Los representantes de ambos espacios protagonizaron la derogación del DNU 656/2024, que le otorgaba un presupuesto extraordinario a la SIDE.
En el documento, dirigido a Victoria Villarruel y Martín Menem -presidentes del Senado y de Diputados, respectivamente- solicitan «la urgente regularización y conformación» de las comisiones bicamerales de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámite Legislativo. En ese último caso, su actividad no se limita al período de sesiones ordinarias, por lo que puede iniciar en cualquier momento.
Además, y una vez que el DNU 941/2025 sea elevado al Congreso, instan a ambas autoridades a darle giro a las comisiones mencionadas. La Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles desde que el jefe de Gabinete presenta un DNU en el Congreso para promulgar su validez. Durante el 2025, y sin contar la reunión de definición de autoridades que eligió al diputado Oscar Zago (MID) como su presidente, la como solo mantuvo dos encuentros. El último de ellos fue en junio.
Martín Menem Victoria Villarruel Bartolomé Abdala
Por su parte, la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que fue presidida durante dos años por Martín Lousteau (UCR), mantiene reserva sobre su cronograma y el contenido de sus reuniones pero su último encuentro habría ocurrido en septiembre del 2025, cuando objetaron un presunto plan de espionaje a voces opositoras.
DNU 941/2025 de la SIDE: qué cambios produce
Uno de los ejes centrales del DNI 941/2025 es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad federales, y otros organismos del Estado con competencias afines. Este espacio funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de «coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica».
En paralelo, el decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información «relevante para el análisis estratégico nacional». Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos.
Otro punto relevante es el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema. En ese sentido, habilita de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.
La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia -incluidos los gastos reservados- y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados.
