Este año no se acordó ninguna paritaria y todos los aumentos se dieron por decreto. Aún no se implementa la ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso.
Finaliza el paro de 72 horas convocada por las universidades públicas en reclamo del incremento de salarios para trabajadores docentes y no docentes, además de fondos para gastos de funcionamiento. Esos puntos, junto a un presupuesto para becas especiales, estaban contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario que ambas Cámaras del Congreso aprobaron en dos ocasiones: una para sancionarla y la segunda para revertir el veto de Javier Milei. Aún así, todavía no se implementa.
Un reciente informe de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA) exhibió que la inflación alcanzó el 240,9% entre diciembre del 2023 y octubre del 2025, mientras que los aumentos salariales para los docentes -que este año se concretaron de forma unilateral por el Ejecutivo, sin lograr acuerdo en las reuniones paritarias- fueron de 136,8%. En el estudio explicaron que para que los sueldos alcancen niveles previos al cambio de gestión se debería concretar un incremento del 43,96%.
En las últimas semanas, y en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno se blindó discursivamente ante la estrategia opositora, que pretendía incluir mayores fondos para los sectores que recibieron partidas de emergencia por ley -aunque posteriormente fueron vetadas-. Así fue que anunciaron aumentos consecutivos para el sector de discapacidad y emergencia pediátrica. Sin embargo, las universidades fueron excluidas de las medidas y aún sigue sin implementarse la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que fue revertido el veto por ambas cámaras del Congreso.
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Además, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó la postura del Gobierno nacional de incrementos salariales unilaterales: «No está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan los sindicatos».
Las universidades en el Presupuesto 2026
El proyecto presupuestario oficialista estipula en su artículo 30 la derogación de leyes que fijan mínimos de partidas presupuestarias a la educación y la ciencia. Entre sus reformas, remueve un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% como piso de inversión en todos los niveles del sistema educativo, en simultáneo a que elimina de la Ley Nº27.614 el criterio de progresividad que debe tener el área de ciencia y tecnología (que, entre otras cuestiones, emplea a investigadores universitarios) hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032.
Durante la defensa del Presupuesto 2026, Alejandro Álvarez, afirmó que «la principal mentira es que le recortamos los fondos a las universidades» y que «todas las universidades recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando». Además, celebró que «no cerró ninguna universidad». Dentro del Presupuesto 2026, están estipuladas partidas presupuestarias por $1.000 millones para cuatro universidades nacionales creadas por ley en el 2023: Delta, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. El monto -idéntico para cada institución- se evidencia como simbólico por la imposibilidad de sostenibilidad con esa suma.
Los datos propuestos por el subsecretario fueron refutadas por los diputados que participaron, que remarcaron que la vocación docente es la que permite el funcionamiento de las universidades. «Para el año 2026 el aumento previsto en paritaria docente y no docente va a promediar el 9,5% en el mejor de los casos, con una inflación proyectada del 10%«, expresó, por caso, Danya Tavela.
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