El Gobierno anunciará este jueves un paquete de medidas para incentivar el uso de los «dólares del colchón», los ahorros en moneda extranjera atesorados fuera del sistema financiero, estimados en más de u$s200.000 millones.
Entre las iniciativas que han circulado -aunque sin confirmación oficial-, se destaca la eliminación de la justificación patrimonial en el impuesto a las Ganancias, permitiendo a los contribuyentes usar dólares sin detallar su origen, y una reducción del impuesto a débitos y créditos bancarios del 1,2% al 0,6% para transacciones en dólares, incentivando su uso en consumos e inversiones.
Estas medidas, que no implicarían un blanqueo tradicional según el ministro de Economía, Luis Caputo, sino un «nuevo régimen» para reducir la informalidad, se presentan en un momento crítico: en pocas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) auditará las metas del nuevo programa acordado con Argentina, con una posibilidad cierta de otorgar un «perdón» ante la falta de acumulación de reservas.
Sin embargo, el FMI mantiene restricciones sobre esquemas de blanqueo permanente debido a preocupaciones sobre la integridad financiera y el cumplimiento de estándares antilavado. La revisión de la estrategia del FMI contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, publicada en diciembre de 2023 y girada a los distintos países en los últimos meses, ofrece un marco clave para entender estas limitaciones y la interacción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Revisión del FMI de 2023: un enfoque reforzado contra el lavado
En octubre de 2023, el FMI finalizó una revisión exhaustiva de su estrategia contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), publicada como el documento «2023 Review of the Fund’s Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Strategy—Background Papers» (FMI, 2023). Este informe, preparado por el Departamento Legal del FMI, destaca el impacto «macrocrítico» de los flujos financieros ilícitos (IFF), que distorsionan mercados, reducen ingresos fiscales y afectan la estabilidad financiera y externa. El documento subraya la necesidad de fortalecer los marcos antilavado, especialmente en países con alta informalidad como Argentina, donde los flujos financieros fuera del sistema son un desafío estructural.
La revisión promueve el uso de tecnologías avanzadas, como algoritmos de aprendizaje automático para analizar big data de pagos transfronterizos, permitiendo detectar patrones sospechosos y priorizar la supervisión en jurisdicciones de alto riesgo. Estas herramientas se integran en programas como las Evaluaciones del Sector Financiero (FSAP) y consultas del Artículo IV, con ejemplos en países como el Reino Unido y Lituania. Para nuestro país, este enfoque implicaría un escrutinio riguroso de las medidas de este jueves, para garantizar que no faciliten flujos ilícitos, un riesgo que el FMI evaluará en su auditoría.
El informe también enfatiza la transparencia en la titularidad real (beneficial ownership) para prevenir el abuso de estructuras como empresas fantasma, que canalizan casi el 40% de la inversión extranjera directa global sin actividad económica real. Además, aborda el lavado basado en el comercio (TBML), con pérdidas estimadas de u$s9 billones entre 2008 y 2017 en países en desarrollo, y recomienda una mayor coordinación entre autoridades fiscales y antilavado. Estas prioridades son relevantes para evaluar el esquema propuesto, que busca incorporar fondos sin exigir su origen, lo que podría generar tensiones con los estándares del FMI y el GAFI.
Recomendaciones del GAFI y el FMI: lo que espera a la Argentina
El documento del FMI refuerza la alineación con las 40 Recomendaciones del GAFI, que establecen estándares globales para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. La recomendación número 10, por ejemplo, exige una debida diligencia del cliente (CDD) rigurosa, mientras que la recomendación 16 requiere trazabilidad en transferencias electrónicas, normas críticas para el esquema que el Gobierno podría anunciar, ya que el FMI evaluará su cumplimiento para garantizar la integridad financiera.
La recomendación 24, revisada recientemente, exige información precisa sobre titulares reales, un estándar que el FMI promueve para evitar el uso de fondos opacos, un riesgo potencial si no se justifican los orígenes de los fondos.
El FMI aboga por un enfoque basado en riesgos, alineado con el GAFI, que priorice la supervisión de sectores vulnerables, como el inmobiliario y los activos virtuales (VAs). El informe señala que los VAs son propensos al lavado debido a transacciones anónimas, lo que podría ser un punto de atención en la auditoría del FMI. Además, se recomienda fortalecer la cooperación interinstitucional, como entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para detectar delitos como el TBML y la evasión fiscal. Estas recomendaciones subrayan las restricciones del FMI a esquemas de blanqueo permanente, que podrían percibirse como riesgosos sin controles robustos.
El informe también aborda la «desbancarización» (de-risking), donde bancos globales restringen relaciones con países de alto riesgo, afectando remesas y comercio. Países en la lista gris del GAFI enfrentan reducciones de capital de hasta 7,6 puntos del PBI, según el FMI. Aunque Argentina evitó esta lista en 2024, el FMI podría exigir medidas adicionales para garantizar que el esquema de «dólares del colchón» no genere vulnerabilidades, especialmente tras las advertencias del GAFI en octubre de 2024 sobre deficiencias en la persecución del lavado derivado de la corrupción.
Influencia Mutua entre el GAFI y el FMI
La relación entre el GAFI y el FMI es una alianza estratégica que moldea las políticas de integridad financiera global. Como observador en el GAFI, el FMI participa en evaluaciones mutuas, integrando los estándares del GAFI en sus análisis macroeconómicos. El documento de 2023 detalla que el FMI realiza y revisa evaluaciones AML/CFT en la red global del GAFI, con un 79,2% de las organizaciones internacionales encuestadas valorando esta contribución. Esta colaboración asegura que las debilidades en los marcos antilavado se reflejen en las condicionalidades de los programas del FMI, como en Haití y Pakistán, donde se lograron reformas significativas.
El GAFI se beneficia de la experiencia macroeconómica del FMI, que eleva el debate sobre la integridad financiera a la agenda de ministerios de finanzas y bancos centrales. El informe destaca que el FMI ha fortalecido el vínculo entre integridad financiera, estabilidad y inclusión financiera, incentivando a los países a asignar más recursos a la lucha contra el lavado. Por ejemplo, el análisis de flujos transfronterizos del FMI ha informado políticas del GAFI sobre de-risking, mitigando el impacto de restricciones bancarias en países vulnerables.
Para el Gobierno, esta influencia mutua tiene implicaciones directas en el marco del anuncio. Las advertencias del GAFI de octubre de 2024 sobre deficiencias en la persecución del lavado derivado de la corrupción pesan en las negociaciones con el FMI, que considera estas evaluaciones al diseñar metas fiscales y monetarias. A la inversa, las auditorías del FMI refuerzan la presión para cumplir con los estándares del GAFI, ya que las debilidades en AML/CFT pueden limitar el acceso al financiamiento internacional. El documento de 2023 subraya la necesidad de evitar la «condicionalidad cruzada», pero en la práctica, las prioridades del GAFI influyen en las exigencias del FMI, especialmente en países con flujos ilícitos significativos como Argentina. Atención.
