Con el objetivo de defender la libertad de expresión dentro de EE.UU., Washington afirma haber puesto fin «a todos los marcos destinados a contrarrestar la manipulación informativa de Estados extranjeros y a cualquier instrumento asociado implementado» por la Administración Biden, comunicó el Departamento de Estado este miércoles.
En este contexto, el organismo recordó que el 16 de abril de este año el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ordenó el cierre de la Oficina contra la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera, anteriormente conocida como el Centro de Participación Global (GEC, por sus siglas en inglés).
«El marco, lanzado inicialmente por el GEC para contrarrestar la llamada desinformación, terminó convirtiéndose en una herramienta de censura política en lugar de proteger a los estadounidenses de la propaganda adversaria extranjera», reza el comunicado.
Desde el Departamento de Estado de EE.UU. especificaron que el cierre de estas instituciones se alinea con la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzada el 20 de enero «sobre la restauración de la libertad de expresión y el fin de la censura federal, que prohíbe la censura por parte del Gobierno federal y promueve la libertad de expresión».
«A través de la libre expresión, EE.UU. contrarrestará la auténtica propaganda maligna de adversarios que amenazan nuestra seguridad nacional, al tiempo que protege el derecho de los estadounidenses a intercambiar ideas», concluye el comunicado.
Censurando las voces estadounidenses
Durante la presidencia de Joe Biden, la Oficina contra la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera publicó varios informes acusando a otros países, entre ellos Rusia y China, de realizar campañas de desinformación y propaganda en otras regiones, como América Latina y África, y fue criticada ampliamente por censura y manipulación.
Así, el magnate Elon Musk la calificó en 2023 del «mayor infractor de la censura y la manipulación mediática del Gobierno estadounidense» y una «amenaza» para la democracia.
Al anunciar en abril el cierre de la institución, Rubio afirmó que la Administración Biden «gastó millones de dólares para silenciar y censurar activamente las voces de los estadounidenses a los que se suponía que debían servir» y que sus actividades le «costaban a los contribuyentes más de 50 millones de dólares al año».
Añadió que es «antitético a los mismos principios que se deberían defender y es inconcebible que estuviera ocurriendo en EE.UU.».
