El Gobierno no deja provocación por hacer. Horas antes de que una multitud se congregara en Plaza de Mayo, el vocero Manuel Adorni anunció que Javier Milei iba a desclasificar toda la información de las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983, algo que Cristina Fernández de Kirchner ya había ordenado en enero de 2010. Con el correr de las horas, la versión se acotó a que los papeles de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pasarían al Archivo General de la Nación (AGN), donde tomaron con desconcierto la comunicación oficial.
En un primer momento, Adorni habló de una desclasificación «total» de la información en poder de los militares. Después se centró en la SIDE. Y, al pasar, mencionó que era en cumplimiento del decreto 4/2010, que CFK había firmado para apuntalar los juicios por crímenes contra la humanidad que estaban empezando a tomar envión después de la reapertura de los procesos.
Hasta ahora, no queda claro cuál es el plan de la Casa Rosada. Todo parece ceñirse a la documentación que está en poder de la SIDE, que durante muchísimos años se había dicho que no existía hasta que llegó la exfiscal Cristina Caamaño a intervenir el organismo con sede en la calle 25 de mayo.
En ese momento, Caamaño confirmó que había documentación. Creó un programa para relevar la información existente en el organismo desde 1946 hasta el 9 de diciembre de 1985. También conformó una mesa con organismos de derechos humanos para afinar criterios de búsqueda. Este gobierno disolvió esa mesa.
“Durante el gobierno anterior, entregamos documentación al que pidió e hicimos convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar. Ellos cerraron la casa de la Moneda y no responden los oficios judiciales”, le dijo a Página/12 Caamaño, actual rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), ofuscada por el anuncio de la Casa Rosada.
Hay una clave en el comunicado que difundió el Gobierno. Dice que la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la SIDE involucra tanto actividades militares como guerrilleras. Posiblemente sea una maniobra para apuntalar la estrategia oficial de equiparar las acciones ilegales estatales con las de particulares como una forma de negar la maquinaria de tortura, muerte y desaparición que implementó el Estado argentino en los años ‘70 y ‘80. Está claro que, más allá de las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel, hay un acuerdo: el afán por criminalizar a la militancia de los años ’70.
Durante la gestión del Frente de Todos (FdT), se envió a los juzgados la información que se encontró que podría servir a las causas por crímenes contra la humanidad. Particularmente la recibió el juez federal Daniel Rafecas, que instruye la causa sobre los centros clandestinos de la SIDE –Automotores Orletti y las bases Bacacay y Pomar.
Se encontraron también las “fichas” de antecedentes que hacía la SIDE sobre distintas personas y organizaciones. Es posible que el Gobierno quiera enviar esa información al AGN como forma de apuntalar la idea de que hubo “dos demonios” –y que uno aún no fue juzgado. La SIDE no solo tenía una red de espías e informantes sino que contaba con otras facultades como la interceptación de comunicaciones telefónicas o envíos postales. En documentos a los que tuvo acceso Página/12 era claro que usaba esos métodos para tener información relevante sobre referentes de derechos humanos, incluso en democracia.
En la AGN no estaban enterados del traspaso. Por el momento, no había detalles sobre si la información se enviará, qué información y cuándo. La versión que corría es que Milei quiso hacer un anuncio para quedar a tono con su idolatrado Donald Trump, que desclasificó archivos vinculados al asesinato de John F. Kennedy.
Milei posiblemente desconozca que Estados Unidos viene desclasificando archivos sobre la dictadura argentina desde 2002, a pedido de los organismos de derechos humanos. Todos esos papeles están accesibles en internet, aunque algunos tienen tachaduras que protegen a informantes, por ejemplo.
La política de Milei viene siendo contraria a la apertura de archivos o a la puesta a disposición para las investigaciones. Tanto Defensa como Seguridad se negaron a entregar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para ayudar a la búsqueda de los bebés robados durante el terrorismo de Estado. Alegaron que era poner a los integrantes de las fuerzas a merced de un «organismo militante».
En marzo del año pasado, Luis Petri desmanteló los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban en Defensa desde 2010 –casualmente como consecuencia del decreto 4/2010 que ahora el Gobierno dice querer cumplir. A sus integrantes, Petri los acusó de “vengadores” y de hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas. Habló de filtraciones de información y le dijo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que los legajos militares revestían la clasificación de secretos.
¿Cuál es la información que quiere desclasificar entonces? Hasta ahora es un misterio. «Te van a mostrar lo que ellos quieran y te van a decir que eso es todo», dice un experto.
Según el diario Clarín, el Gobierno podría decidir que el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y está emplazado en la ex-ESMA– pase también al AGN. En el ANM se resguarda, por ejemplo, la documentación que produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El ministro Mariano Cúneo Libarona le dijo a ese medio que no quería “duplicar” organismos.
