La elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires irradia al Congreso y podría reconfigurar los movimientos de la oposición. Con la mira puesta en el caso LIBRA, los diputados decidieron postergar al miércoles la sesión especial prevista originalmente para el martes. No por obligación, sino para aprovechar el clima postelectoral y testear si el macrismo está dispuesto a colaborar con la avanzada contra el Presidente. En esa sesión se tratarán temas especialmente sensibles para el oficialismo. Por un lado, los proyectos previsionales que desafían el “excel” de Javier Milei. Por otro, la intención de la oposición de imponer la presidencia de la comisión investigadora del escándalo cripto que involucra al mandatario y a su entorno más cercano. Desde la presidencia de la Cámara, encabezada por Martín Menem, trascendió que se requerirán dos tercios de los presentes para avanzar con la designación de autoridades. La coalición opositora que impulsa la investigación, en cambio, sostiene que alcanza con mayoría simple y prepara una moción para respaldar esa interpretación en el recinto. “Todos van a jugar fuerte”, anticipa un diputado a este diario.
Desde hace más de quince días, la comisión encargada de investigar el Libragate permanece virtualmente paralizada. La reunión convocada para definir sus autoridades terminó en un empate que congeló cualquier avance. El oficialismo propuso al libertario Gabriel Bornoroni como presidente, mientras que la oposición impulsó a Sabrina Selva, de Unión por la Patria. La falta de acuerdo dejó al cuerpo sin conducción y sin rumbo. Las próximas horas serán clave para destrabar el tablero y encontrar un nombre que logre reunir los consensos necesarios. “Hay una elección que define mucho, por eso no nos aceleramos. El lunes retomamos y definimos”, adelantó a Página/12 uno de los diputados clave en la estrategia opositora.
La próxima semana, los bloques buscarán retomar esa definición, en el marco de una sesión que también incluirá los dictámenes previsionales para actualizar jubilaciones y el bono. Pero el punto de mayor tensión será la presidencia de la comisión investigadora. Tras el empate que la dejó acéfala, el oficialismo —a través de Silvia Giudici, figura hoy de confianza de Menem— insiste en exigir dos tercios. La oposición, por el contrario, sostiene que basta con mayoría simple, porque “se trata de resolver un bloqueo político con una salida política” argumentan.
Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda acordaron descartar la alternativa de modificar el número de integrantes para forzar una mayoría. Temen que una maniobra de ese tipo reactive un antecedente incómodo: el fallo de la Corte Suprema en la causa Juez–Consejo de la Magistratura. En ese caso, el tribunal anuló una jugada del oficialismo en el Senado, que había modificado la integración de la comisión de Asuntos Constitucionales para evitar que el opositor Luis Juez accediera al Consejo. La Corte consideró que esa maniobra alteraba ilegítimamente la representación parlamentaria. Ese precedente actúa hoy como límite. “UP no se pliega a esa opción”, confirmó una de sus espadas legislativas.
La sesión fue reprogramada para el miércoles siguiente a las elecciones en CABA. El calendario no es azaroso: los bloques opositores especulan con que el resultado en las urnas pueda inclinar posiciones dentro del PRO y facilitar una mayoría. Un antecedente reciente refuerza esa expectativa. En la última reunión de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social, los diputados alineados con Patricia Bullrich votaron junto a los libertarios, mientras que legisladores referenciados en Mauricio Macri respaldaron propuestas opositoras para mejorar las jubilaciones. El gesto, que podría interpretarse como una fractura —o como parte del “vuelto” del expresidente tras la caída del proyecto Ficha Limpia—, fue relativizado dentro del bloque amarillo. “Se dio libertad de acción ante la imposibilidad de acordar una postura unificada, justamente para evitar una ruptura”, explicaron a Página/12 fuentes parlamentarias del PRO.
El chat de los sin peluca
Paula Penacca (Unión por la Patria), Carla Carrizo (Democracia Para Siempre), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) fueron los arquitectos de la estrategia legislativa que, por primera vez en el año, logró acorralar al oficialismo en Diputados y poner en marcha la comisión investigadora. En los días previos, los secretarios parlamentarios crearon un grupo de WhatsApp para coordinar la ofensiva. El chat sigue activo hasta hoy, con una particularidad: no incluye representación del Frente de Izquierda. “Ellos no tienen la dinámica de presidente y secretario parlamentario”, explicaron desde el Congreso.
Por estas horas, el grupo quedó en pausa hasta el lunes. Mientras tanto, los referentes afinan contrarreloj la estrategia para la sesión, aunque no descartan postergarla si el tablero político no termina de ordenarse. También quedó congelada la discusión sobre quién debe presidir la comisión. El nombre de Sabrina Selva, inicialmente impulsado por Unión por la Patria, comenzó a perder fuerza. En su lugar, crece la figura del cordobés Oscar Agost Carreño, considerado un perfil con mayor capacidad para articular consensos entre los bloques. “Hay que pisar sobre seguro”, sostienen en la oposición. Si no hay certezas, ya se baraja como alternativa correr la sesión para el último miércoles de mayo.
Interpelaciones en stand by
Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona volvieron a ausentarse de la interpelación en Diputados. En un movimiento táctico, la oposición resolvió concentrar primero sus esfuerzos en destrabar la comisión investigadora del caso LIBRA y, una vez consolidado ese paso, retomar la presión para que ambos ministros comparezcan ante el Congreso. Mientras tanto, Unión por la Patria activó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido a Cúneo Libarona. El objetivo es conocer el contenido del informe final elaborado por la Unidad Transitoria de Investigaciones (UTI), que el gobierno declaró secreto de Estado, a pesar de tratarse de una presunta estafa que involucra recursos públicos y responsabilidades institucionales.
El requerimiento también alcanza a la Oficina Anticorrupción, con el fin de esclarecer qué medidas adoptó para investigar el entramado de responsabilidades políticas y administrativas en torno a LIBRA, incluidas posibles irregularidades patrimoniales en el entorno presidencial. El pedido involucra directamente a Cúneo Libarona, no solo por su rol al frente del Ministerio de Justicia, sino por su participación en la estrategia legal del Presidente. En una publicación en redes, el diputado Juan Marino retomó un episodio televisivo que encendió las alarmas: durante una entrevista con Jonatan Viale, Javier Milei fue abruptamente interrumpido por Santiago Caputo. El asesor le susurró una advertencia clave: “Estamos diciendo que te investiga la Oficina Anticorrupción que depende del Ministerio de Justicia, no podemos decir que Mariano te va a asesorar en la causa”. Para Marino, la escena dejó en evidencia que Cúneo Libarona no es solo un funcionario con responsabilidad institucional, sino una pieza central en el blindaje judicial del jefe de Estado.
