El decreto que reforma el sistema de inteligencia fue ingresado a la Cámara alta y deberá ser analizado en un plazo de diez días hábiles. Si eso no ocurre, las cámaras podrán tratarlo directamente, mientras crece la ofensiva política y judicial en su contra.
Este jueves entró formalmente al Senado el DNU 941/25 que reconfigura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus funciones, entre ellas procedimientos y atribuciones que activistas y opositores consideran inusuales para un organismo de inteligencia en democracia.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de emitir un dictamen sobre los DNU, tiene diez días hábiles para analizar el decreto y elevar un informe al pleno del Congreso. Según la ley que regula este instituto constitucional, si la Bicameral no se reúne y emite un dictamen en ese plazo, cualquiera de las dos cámaras podrá tomar el tema y someterlo a votación en el recinto.
Pero hay un detalle: la comisión todavía no fue constituida, pese a los reclamos de sectores opositores al Senado, en especial a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y al presidente provisional, Martín Menem. Esa falta de conformación podría funcionar como un mecanismo de dilación para que la norma siga en vigencia sin despacho previo de la bicameral.
El DNU de la SIDE llega al Senado con la bicameral trabada y el rechazo en puerta
El DNU que ahora debe ser tratado es uno de los textos más controversiales del inicio de la gestión, porque no se limita a reordenar estructuras: según críticos, fortalece la permisividad del organismo de inteligencia y amplía su alcance en áreas sensibles, como la facultad de intervenir en materia penal, algo que la Constitución reserva al Poder Legislativo.
Desde la oposición parlamentaria ya circula el cálculo de que existe una base de al menos 122 legisladores dispuestos a rechazar el decreto en el recinto. Ese número todavía está por debajo del quórum formal en Diputados, pero refleja el empuje para voltear el decreto una vez que se pueda convocar a sesión.
El rechazo de ambas cámaras no es un mero gesto político: por ley, si diputados y senadores votan en contra de un DNU, éste queda derogado y pierde vigencia. El Congreso ya vivió un antecedente histórico reciente cuando ambos cuerpos rechazaron otro decreto que ampliaba los fondos reservados de la SIDE, marcando un límite al uso de este instrumento por parte del Ejecutivo.
La polémica se extiende al plano judicial. En los últimos días, tres presentaciones en tribunales fueron impulsadas para que se declare la nulidad del decreto por supuestas violaciones constitucionales. Una de esas acciones fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que considera que el DNU no justificó debidamente la urgencia para reformar la inteligencia por decreto. Las otras dos fueron impulsadas por referentes de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica.
La batalla por este decreto podría convertirse en una de las primeras grandes disputas institucionales del año, demostrando hasta qué punto la capacidad del Poder Ejecutivo de legislar por decreto sigue siendo un punto de choque entre actores políticos y del sistema judicial. La pelota ahora está en manos del Congreso, pero el reloj corre.
