El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó un decreto supremo que constituye el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa para esclarecer las circunstancias de muerte de 1.469 detenidos desaparecidos, víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En su alocución, el mandatario chileno aseguró que hay muchas preguntas por responder sobre los detenidos desaparecidos en el país durante el régimen de Pinochet, impuesto por traición militar contra el presidente Salvador Allende, democráticamente electo.
El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido —fecha impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam)—, Gabriel Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, a pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado, en una ceremonia que contó con la participación de todos los poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil chilena.
En su alocución, el mandatario chileno aseguró que hay muchas preguntas por responder sobre los detenidos desaparecidos en el país durante el régimen de Pinochet, impuesto por traición militar contra el presidente Salvador Allende, democráticamente electo.
«Creemos, desde el Gobierno de Chile, que la mejor manera de dar respuesta a algunas de ellas es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad colectiva, institucional, lo que asumieron en su momento, de manera solitaria, las víctimas«.
Boric señaló que el Plan de Búsqueda es una «política pública que es permanente. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada«.
La diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista de Chile e histórica defensora de los derechos humanos, señaló que «el Estado estaba en deuda y el Plan Nacional de Búsqueda es fundamental para poder determinar cuál fue el procedimiento de exterminio de los opositores políticos durante la dictadura«.
«Es necesario darlo a conocer al conjunto de la sociedad y que sea una verdad colectiva, a la cual están obligados aquellos Estados cuyas sociedades sufrieron opresión y exterminio en su seno«, valoró la parlamentaria.
«Tenemos esperanza»
Chile conmemorará este lunes 11 de septiembre 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del socialista Salvador Allende (1970-1973), perpetrado por los militares chilenos al mando del general Augusto Pinochet desde la mañana de ese día de 1973.
Desde el mismo día en que el mandatario fue derrocado, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos sacudieron al país. De acuerdo a distintas Comisiones de Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura.
El 15 de agosto de 1974, el activista Ricardo Troncoso, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen. Desde ese día, Ricardo pasó a formar parte de los 1.469 chilenos desaparecidos por el Estado durante la dictadura cívico-militar.
Su hermana, Myrna Troncoso, comentó que espera que el Plan Nacional de Búsqueda tenga algún resultado.
«Tenemos mucha esperanza en eso porque sabemos que hay lugares que no se han periciado, hay osamentas. Hay gente que no ha contado toda la verdad y yo creo que con este aliento del presidente podemos llegar«, declaró.
El 29 de abril de 1976, la vida de Patricia Recabarren González cambió por completo. Ese día, sus hermanos Luis Emilio y Manuel Guillermo, junto con su cuñada Nalvia Rosa Mena, entonces embarazada, fueron detenidos por agentes de la dictadura militar.
Un día después, su padre, Manuel Recabarren, salió de su casa a averiguar dónde estaban sus familiares y también fue detenido por agentes del Estado. En menos de 24 horas, Patricia perdió el rastro para siempre de cuatro integrantes de su familia; los ha buscado por 47 años.
«No puedo esperar mucho [de este plan] porque no depende de él [Boric]. No depende de las personas que están tratando de hacer este trabajo. Los familiares tenemos la esperanza de que por lo menos algo se está haciendo«, dijo la víctima.
«En este país aún existe negacionismo, todavía hay personas que señalan que no existen los detenidos desaparecidos. Ellos (los militares) no han querido hablar. Yo los invito a que hablen y nos entreguen la verdad que ellos nos niegan, porque ellos son los que tienen la verdad», agregó.
El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar y su paradero.
Asimismo, busca garantizar el acceso a la información y la participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda, junto con implementar medidas de reparación y garantías de no repetición del crimen de desaparición forzada.
Este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo Gobierno.
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/ Imagen principal: © Foto : Marcelo Segura/Prensa Presidencia de Chile
