Revolución Federal fue un grupo ultra violento que realizó acciones en las calles con una guillotina, antorchas, horcas y consignas antikirchneristas como «todos presos, muertos o exiliados». Uno de sus referentes, Jonathan Morel, decía que su propósito era que «los kirchneristas tuvieran miedo de ser kirchneristas». Asedieron a dirigentes en las calles, insultaron, tiraron basura en el Instituto Patria y escupieron, entre otras cosas. Pero, además, en la plataforma Twitter Spaces hacían vivos donde pedían sin ningún filtro matar a Cristina. Morel hasta sugería cómo hacerlo aprovechado la multitud que iba a darle respaldo en agosto de 2022. Proponía cantar la marcha peronista entre la militancia, «te linchan» «pero pasás a la historia». Pedía que alguien lo hiciera. RF, vía Morel, recibió financiamiento del Grupo Caputo, de la familia del actual ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, pero la justicia quiere elevar a juicio la causa solo por incitación a la violencia y las querellas se oponen.
Morel tenía una carpintería pequeña y sin cartel a la calle en Boulogne que comenzó a recibir dinero de la empresa Caputo Hermanos, de emprendimientos inmobiliarios, que está a cargo de los hermanos del ministro Caputo. Le pagaron más de 13 millones de pesos por un trabajo difícil de explicar para equipar un edificio entero (60 departamentos) cerca de Vaca Muerta, en Añelo. El contacto lo hizo Rossana Pía Caputo, quien tampoco participaba en ese tiempo en la empresa y a quien es difícil imaginar paseando por Boulogne y entrar un taller sin identificación. La primera factura para el pago por 144 mesitas de luz, 144 respaldos de cama, mesas ratonas, barras de cocina, entre otras tantas cosas, además de colchones y cortinas, factura es del día anterior a que RF saliera a la calle por primera vez el 25 de mayo de 2022. Con el atentado, se cortaron los pagos y la relación.
Uliarte y Sabag Montiel fueron a marchas de RF. La chica en particular tenía contacto con alguien del grupo. La jueza Capuchetti nunca quiso juntar la causas, la Cámara Federal tampoco. El juez Fernando Martínez de Giorgi, a propuesta del fiscal Gerardo Pollicita, procesó a Morel, a Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Sabrina Basile y Lidia Casciano por incitación a al violencia. Fue una decisión relevante porque consideraron los episodios de odio y violencia como antesala del atentado a CFK. Pero ahora quieren que vayan a juicio oral solo por eso, sin pronunciarse sobre el financiamiento del grupo, a pesar de un peritaje del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema, que sostuvo que los pagos no tienen explicación y que son un 20% superiores a los valores de mercado. Las querellas mostraron anomalías e incongruencias rotundas en la facturación. La de la expresidenta señaló facturas por trabajos de carpintería y sommiers de una jubilada que atendía un kiosko y no tenía relación con el rubro, y es solo un ejemplo.
La hipótesis evidente es que se financió la violencia. Tanto CFK como al querella de Juan Grabois, entre otras, se opusieron a la elevación a juicio poniendo foco en esta cuestión y pidieron medidas e indagatorias a la parte de la familia Caputo que intervino. En el caso de Grabois ni siquiera se indagó a nadie por los agravios por él recibidos. Los abogados de Cristina plantearon una vez más el inconveniente de volver a fragmentar la causa, siempre dejando en un expediente residual una parte sustancial. Todos piden nuevas pruebas e indagatorios.
Los integrantes de RF, vale recordar, frecuentaban la casa de la vecina del piso de arriba de Cristina, Ximena de Tezanos Pinto, en la época de las movilizaciones por Vialidad. La mujer, contó en el juicio que su departamento era sede de reuniones libertarias y describió encuentros con esta organización como mera obra de la casualidad. Los jóvenes de RF, que luego siguieron a Milei en sus actos de campaña. Sosa entró a la Cámara de Diputados cuando se discutía la Ley Omnibus (luego bases) invitado por la diputada Lilia Lemoine, pero se tuvo que ir escrachado.
