Alberto Eduardo González es considerado el mentor de Victoria Villarruel. Cecilia Pando incluso dijo que él escribió uno de los libros que después firmó la actual vicepresidenta. Preso por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), González quiere descontar tiempo de la prisión perpetua que debe purgar. Para eso, ideó una maniobra: presentar como estímulo educativo la finalización de los estudios secundarios, pese a que él es graduado universitario. El fiscal Félix Crous pide que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que benefició a González.
El 6 de agosto pasado, el TOF5 le otorgó una reducción de tres meses del régimen penitenciario a González por haber cursado sus estudios secundarios mientras estaba preso en el Complejo VII de Ezeiza. En total, la reducción fue de once meses.
González empezó a acumular condenas desde 2011. Dos veces le dieron la pena de prisión perpetua por sus crímenes en la ESMA. En 2021, fue sentenciado a 20 años de cárcel por las violaciones reiteradas que sufrió Silvia Labayru mientras estuvo secuestrada por la Marina. El TOF unificó las condenas en una pena única de prisión perpetua.
Meses atrás, el juez federal Ariel Lijo volvió a procesarlo por nuevos delitos, al igual que a otros de sus compinches de la ESMA, como Jorge Acosta o Alfredo Astiz. Todo indica que González afrontará un nuevo juicio oral cuando lo disponga el TOF5.
Mientras estuvo preso, González se dedicó a hacer cuanto curso pudo. En 2015, estudió para montador electricista. En 2017, hizo un práctico de serigrafía. En 2018 realizó talleres de armador de calzado a mano, forestador, operador de PC con competencia en procesador de textos, planilla de cálculo, bases de datos y operador de PC bajo entorno gráfico. En 2019 recibió el diploma como instalador sanitarista y acreditó la finalización de estudios primarios. En 2021 completó un práctico en injertos, un curso de tapicería y de montador de instalaciones de gas domiciliario. En 2023, se recibió de remodelador de muebles.
La controversia está centrada sobre la finalización de estudios secundarios. De hecho, González cursó la escolaridad en el Colegio Mariano Moreno. Hizo la Escuela Naval. En la ESMA estuvo destinado al área de inteligencia del grupo de tareas. Fue, de hecho, uno de los que participó del operativo en el que fueron secuestrados las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y los militantes que solían reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz. Era, además, aviador naval.
Después de su paso por la ESMA, la Marina lo destinó al Reino Unido y a los Países Bajos. Hacia fines de 1982, fue uno de los vocales de la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (COPESE), creada para borrar las pruebas de los crímenes cometidos por la Armada.
En 1983, González pidió autorización para estudiar historia en la Universidad de Belgrano (UB). Según los registros, completó los estudios universitarios entre 1986 y 1990. Se recibió de profesor. En 1989, lo nombraron jefe de investigaciones históricas del Departamento de Estudios Históricos Navales. El abuelo de Villarruel, el almirante Laurio Destéfani, había sido jefe y presidente de ese Departamento. A González le salió en 1992 el retiro de la Marina. Lo consideraron “inutilizado para el servicio”.
No hay dudas de que González es una persona formada. Su abogado, Guillermo Fanego, suele definirlo como una de los oficiales más inteligentes que conoce. En el último juicio que afrontó, González relató que había escrito cuatro libros. Solo se conoce uno que lleva su firma: es el que escribió junto con Juan Daniel Amelong –otro represor al que la víctima calificó como una «víctima» del proceso de justicia– y que versa sobre lo que ellos definen como “juicios de venganza”.
En 2023, en plena campaña electoral, Pando contó en X que ella había conocido a González a través de Villarruel y que había sido él quien, en realidad, escribió uno de los libros que la actual vice firmó. Se cree que Pando aludía a Los llaman… jóvenes idealistas. El libro es considerado directamente una justificación del accionar de la dictadura.
El TOF5 entendió que la Ley 24.660 no prohíbe reconocer estudios realizados en contexto de encierro, aunque estos repitan niveles educativos previos cursados en libertad. “El régimen de estímulos educativos busca que los internos adquieran, actualicen o profundicen conocimientos, fortaleciendo sus capacidades para una mejor reinserción social”.
Al recurrir la decisión, el fiscal Crous se preguntó si se premiaba reforzar la tabla del siete. “Repetir los estudios secundarios para quien ha transitado estudios terciarios es irracional”, afirmó el fiscal. “No aporta nada significativo a la persona y constituye un verdadero fraude a los fines de la ley, porque solo persigue acortar la pena. Con el agravante de que se trata de los más graves delitos de nuestro ordenamiento penal”, señaló el representante del Ministerio Público.
“La permisividad a tan burda argucia viola el deber del Estado de retribuir estos crímenes con penas proporcionales a la gravedad de aquellos, sin atenuar mediante estas argucias”, insistió. El tema deberá ser revisado por la Sala II de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
