El Ministerio de Seguridad puso en funcionamiento el Plan Paraná, una estrategia integral destinada a fortalecer la vigilancia y el control en la Hidrovía Paraná–Paraguay, uno de los corredores fluviales más amplios y estratégicos de la región. La decisión responde al avance de organizaciones criminales transnacionales que utilizan la vía para actividades de narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de activos.
La hidrovía (que vincula el puerto de Asunción con el de Buenos Aires) es clave para el comercio exterior argentino y regional. De acuerdo con la Resolución 1307/2025, publicada en el Boletín Oficial, por ese tramo circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un punto neurálgico para la logística, pero también en un espacio vulnerable a delitos complejos.
Hidrovía Paraná – Paraguay
La hidrovía conecta Buenos Aires con Asunción y es clave para el comercio exterior, pero también vulnerable al crimen organizado.
Gentileza El Ciudadano Web
Según la cartera de Seguridad, la combinación de una extensa traza fluvial, la concentración de instalaciones portuarias públicas y privadas y la falta de tecnología suficiente en los controles tradicionales fue aprovechada en los últimos años por redes criminales para montar operaciones de alto impacto.
Objetivos y alcance del Plan Paraná
Ante ese escenario, la cartera conducida por Seguridad lanzó el Plan Paraná como una política sostenida para ampliar la presencia estatal, reforzar la capacidad de monitoreo y desbaratar actividades ilícitas en la hidrovía y sus áreas de influencia.
La iniciativa prevé el uso de radares, drones, cámaras térmicas, escáneres para contenedores y sistemas de vigilancia en tiempo real, además de la consolidación de un esquema de cooperación interagencial en los ámbitos nacional e internacional.
Entre las metas principales se incluyen la desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (que involucra a Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones), el refuerzo de los controles en puertos públicos y privados del tramo sur, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y la intensificación del trabajo conjunto con organismos multilaterales y agencias extranjeras como EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA, especializadas en la lucha contra el narcotráfico.
La resolución destaca además la necesidad de una “articulación estrecha” con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal y las policías provinciales para asegurar la cobertura de los puntos críticos, la detección temprana de maniobras ilegales y la cooperación operativa.
El despliegue se organizará en fases definidas según polígonos de intervención a lo largo de la vía fluvial. El primero irá desde Puerto Bermejo (Chaco) hasta Corrientes; el segundo abarcará Corrientes, Resistencia y Bella Vista; el tercero se extenderá entre Bella Vista y La Paz (Entre Ríos); el cuarto irá desde La Paz hasta Paraná; el quinto desde Paraná hasta San Nicolás (Buenos Aires); y el sexto cubrirá el tramo entre San Nicolás y Paraná Guazú. La autoridad de aplicación podrá incorporar nuevos sectores de acción según la evolución delictiva.
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Se apunta a desarticular redes de narcotráfico y contrabando con cooperación de agencias internacionales como DEA y ONUDD.
Conducción y coordinación del operativo
La conducción general del operativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, facultada para designar responsables de planificación, logística y evaluación de cada fase. A eso se suma la creación del Comando Unificado “Plan Paraná”, integrado por representantes de la Secretaría, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La coordinación operativa quedará en manos de un funcionario designado por el titular de la Prefectura Naval Argentina.
El plan también contempla la participación de las fuerzas policiales de las provincias involucradas, que podrán nombrar enlaces, y la articulación con organismos como Aduanas, AFIP, Migraciones y otros entes competentes. Asimismo, se invita al Ministerio Público Fiscal de la Nación y a las procuradurías provinciales a designar representantes para agilizar los canales institucionales de comunicación.
