El Gobierno de Javier Milei extendió el plazo para privatizar cuatro centrales hidroeléctricas clave en la Patagonia: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas empresas, pertenecientes a ENARSA y NASA, tendrán 15 días más antes de que se realice el concurso público para vender sus acciones mayoritarias. La extensión responde a la solicitud de las provincias de Neuquén y Río Negro, que pidieron más tiempo para analizar el impacto de la privatización. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El plan original, establecido por el Decreto N° 718/24, ordenaba que en 180 días debía convocarse un concurso público internacional para vender las acciones mayoritarias de las hidroeléctricas. Sin embargo, el Gobierno cambió el proceso con la creación de la «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» a través de los Decretos N° 644/24 y 764/24. Esta agencia asumió la responsabilidad de coordinar la venta de empresas públicas, incluyendo las hidroeléctricas.
Con el Decreto N° 895/24, el Gobierno decidió que la agencia se encargará directamente de convocar el concurso público, junto con la Secretaría de Energía, para elaborar los pliegos y la documentación necesaria.
El pedido de Weretilneck y Figueroa
El aplazamiento del plazo fue solicitado por los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Rolando Figueroa, de Neuquén, quienes manifestaron su preocupación por los efectos que la privatización podría tener en sus provincias.
Las hidroeléctricas no solo son una fuente esencial de energía, sino que también juegan un rol importante en las economías locales. Ante este panorama, ambos mandatarios pidieron más tiempo para analizar el proceso con mayor profundidad y garantizar que se tengan en cuenta los intereses de sus territorios.
El Gobierno accedió al pedido y extendió el plazo por 15 días, asegurando que las provincias puedan estudiar el impacto de la privatización antes de que avance el concurso público.
El (viejo) modelo privatizador
La privatización de las hidroeléctricas no es una novedad en el país. Forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Milei para reducir el tamaño del Estado y entregar recursos clave al sector privado bajo la promesa de mayor eficiencia.
El Decreto N° 895/24, que extiende el proceso de privatización, busca que empresas privadas tomen las riendas de estas centrales hidroeléctricas, apuntando a una gestión más competitiva, según argumentan desde el Ejecutivo. Sin embargo, más allá del discurso oficial, lo que está en juego es un modelo que, a lo largo de la historia reciente del país, no demostró ser precisamente una panacea de bienestar social.
El desafío no radica solo en la eficiencia que se promete desde el Gobierno, sino en el intento de encontrar un equilibrio entre los intereses nacionales y las necesidades de las provincias.
Las hidroeléctricas, además de ser fuentes vitales de energía, son un pilar fundamental para las economías locales. De este modo, la privatización no es solo un problema técnico de gestión, sino una cuestión de soberanía energética y de justicia federal.
El futuro energético del país
La venta de estas empresas, que pertenecen al Estado, es mucho más que un simple ajuste fiscal. La privatización de activos estratégicos como las hidroeléctricas implica una renuncia al control sobre recursos clave para la matriz energética del país.
La situación no es tan sencilla como hacer más competitivas estas centrales. Lo que está en juego es el acceso y la distribución de un bien común, en este caso la energía, que afecta directamente a las comunidades y las economías regionales.
