El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno avanzará con la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
Informó que se realizará «la transferencia a privados del 90% de las acciones de la empresa» a través de un «esquema mixto»: por un lado, una «licitación pública nacional e internacional» para elegir un nuevo operador para la compañía y en paralelo una «oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores».
Adorni dijo que el proceso de privatización «incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa».
Para justificar la decisión, el vocero afirmó que «desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares» y habló de «indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa».
También dijo que «la dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio”.
Aysa es una de las empresas que figuran como “privatizables” en la Ley Bases. Esa lista también incluye otras siete firmas públicas para avanzar con el desguace del Estado que encaró el Gobierno. Las otras principales apuntadas son Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos e Intercargo.
En la Casa Rosada anticipaban por estos días que faltaba “muy poco” para finalizar el pliego de Aysa. En ese contexto, la gerencia de la compañía, a cargo del agua potable y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, produjo un informe que indica que a partir del aumento de tarifas “en 2024 se consiguió el superávit”.
A pesar de lo que dijo Adorni, el Gobierno se toma de ese dato para tentar a oferentes mostrando que la empresa da ganancias y “constituye una buena inversión de negocios”.
