La administración nacional recurrirá la decisión de un juzgado federal que dejó sin efecto la paralización de la norma sancionada por el Congreso.
El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
La decisión apunta a revertir el fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró inválida la paralización de la norma y dispuso su plena vigencia. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la sentencia constituye una intromisión en atribuciones propias del Ejecutivo, en especial en materia de administración del gasto público y elaboración del presupuesto.
En la Casa Rosada remarcan que la ley fue aprobada sin precisar las fuentes de financiamiento, un punto que —según argumentan— vuelve inviable su implementación en los términos fijados por la Justicia. En ese sentido, advierten que cumplir con la norma tal como fue ordenada podría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico oficial.
La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Aunque fue promulgada, el Ejecutivo dispuso luego su suspensión a través del Decreto 681/2025, bajo el argumento de que el Congreso no había establecido cómo financiar las medidas previstas.
La parálisis de la ley generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que denunciaron el impacto directo sobre tratamientos, servicios e instituciones. En ese marco, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, lo que derivó en el fallo que ahora el Gobierno busca revertir.
Lo que deberá definir la Cámara
En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias, y recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales.
Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si convalida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes.
