El Poder Ejecutivo convalidó el texto actualizado del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que rige la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, con correcciones técnicas y en el contexto de la futura privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
El Gobierno nacional aprobó este jueves el texto ordenado del Anexo 2 “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que regula la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La medida se oficializó mediante el Decreto 805/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros, y publicada en el Boletín Oficial.
El texto -elaborado por el Ministerio de Economía– reemplaza al anterior y ordena las modificaciones introducidas por los decretos recientes vinculados al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Según se detalla en los considerandos, la actualización incluye la corrección de errores materiales, entre ellos la redacción del artículo 20 del Anexo E sobre el “cargo por construcción”, que había invertido los términos “medido” y “no medido” al definir el cálculo del monto a facturar.
El Anexo I del decreto, publicado en la edición digital del Boletín Oficial, contiene el nuevo texto completo del Marco Regulatorio, que comienza reconociendo el carácter de derecho humano del acceso al agua, principio rector de la norma. En su preámbulo, se establece que el servicio debe prestarse “de manera justa, eficiente y profesional”, y que los organismos intervinientes tienen la obligación de garantizar transparencia y control en beneficio de los usuarios.
El marco regulatorio define además el ámbito territorial de aplicación, que abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, además del servicio de recepción de efluentes en bloque de Berazategui.
Entre sus principios rectores, el nuevo texto establece que la prestación del servicio deberá garantizar eficiencia, equidad, continuidad, transparencia, calidad y acceso universal, asegurando tarifas “justas y razonables” que permitan sostener los costos operativos e inversiones necesarias. También regula el funcionamiento de los entes ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y APLA (Agencia de Planificación), responsables del control y la planificación del servicio, respectivamente.
La medida se enmarca en la Ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a AySA y facultó al Poder Ejecutivo a llevar adelante el proceso en un plazo de ocho meses, bajo los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia y eficiencia”. El Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, coordina actualmente las acciones para concretar la venta.
El Decreto 805/2025 ya se encuentra vigente y fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.122 sobre decretos de necesidad y urgencia.
