El Gobierno nacional oficializó la reorganización integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y dispuso su división en dos nuevas entidades autárquicas, una destinada exclusivamente al personal militar y otra a las fuerzas federales de seguridad. La decisión, que había sido anticipada hacia fines de 2025, apunta a resolver la grave crisis operativa y financiera que atraviesa el organismo.
La medida impacta de manera directa sobre más de 500.000 beneficiarios y responde a reclamos históricos de ambos sectores, al establecer por primera vez una separación definitiva entre la cobertura de salud de las Fuerzas Armadas y la de las fuerzas de seguridad federales.
Según fuentes oficiales, la reestructuración busca dar respuesta al desequilibrio económico del IOSFA, cuya deuda asciende a alrededor de $200.000 millones. En el Ejecutivo atribuyen la situación a irregularidades acumuladas durante gestiones anteriores, que derivaron en serias dificultades para garantizar prestaciones básicas.
Uno de los casos más críticos se registra en Punta Alta, donde, de acuerdo con datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), unos 42.000 habitantes dependen del IOSFA, lo que representa más de la mitad de la población local, y enfrentan interrupciones prolongadas en el acceso a servicios de salud.
En este contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir una salida institucional que evite el colapso del sistema. El resultado fue una división estructural del organismo original.
De esta manera, se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Tendrá alcance nacional y será responsable de garantizar la cobertura médico-asistencial y social de todo el personal militar, conforme a un Programa Integral de Prestaciones aprobado por su Directorio. El decreto establece que las prestaciones no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio (PMO) definido por el Decreto N° 492/1995, ni a sus futuras actualizaciones.
La OSFA contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, mientras que el Ministerio de Defensa ejercerá las funciones de fiscalización, control y autoridad de aplicación.
En paralelo, el decreto dispuso la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que funcionará como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad brindará cobertura al personal de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con posibilidad de incorporar en el futuro a otras fuerzas federales.
La OSFFESEG tendrá un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, designados y removidos por el Ministerio de Seguridad. La presidencia deberá recaer en una persona con antecedentes comprobables en gestión pública o privada, y todos sus integrantes deberán acreditar idoneidad técnica y experiencia administrativa.
En cuanto al padrón de afiliados, la OSFA incorporará como titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados de la obra social, retirados y pensionados. El grupo familiar primario -cónyuge o conviviente e hijos- también quedará cubierto bajo condiciones específicas. El Directorio podrá admitir afiliados adherentes, siempre que no cuenten con otra cobertura y se garantice la sustentabilidad financiera.
Por su parte, la OSFFESEG incluirá como titulares al personal de Gendarmería y Prefectura en actividad, personal civil de ambas fuerzas, empleados de la obra social y personal retirado o pensionado. El esquema de cobertura familiar y la admisión de adherentes seguirá criterios similares a los de la OSFA.
Ambas obras sociales se financiarán a través de aportes personales, contribuciones patronales, cuotas de afiliados adherentes, ingresos por venta de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El decreto fija que al menos el 80% de los recursos deberá destinarse a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8%.
Asimismo, las dos entidades estarán sujetas a auditorías internas de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a estrictos regímenes de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés. Los mandatos de los directores serán de cuatro años, con posibilidad de reelección.
Para asegurar la continuidad del servicio, la norma prevé un proceso de transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas obras sociales. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, supervisará el traspaso.
Desde el Gobierno señalaron que la reestructuración se adopta ante “circunstancias excepcionales” que hacen necesaria una reorganización inmediata del sistema, con el objetivo de garantizar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados.
