La Justicia norteamericana dieron curso a las apelaciones argentinas y mantuvieron suspendido el fallo de la jueza Loretta Preska.
El Estado argentino tuvo una resonante noticia este viernes: la Cámara de Apelaciones de Nueva York mantuvo suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF, y dio vía libre a tramitar las apelaciones de Gobierno contra el fallo a favor de los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera.
La Corte de segunda instancia tampoco solicitó al país que presente una «garantía» real y concreta por los u$s16.099 millones que se les debe pagar. Por lo tanto, las acciones del Estado nacional en la petrolera de bandera podrán permanecer en la Caja de Valores, mientras esta misma Corte resuelve la apelación de fondo.
A partir de ahora corren las dos apelaciones formales que presentaron los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro para defender al país. Una apelación es contra la sentencia a favor de los ganadores y otra por la exigencia de entrega de acciones de YPF. Esta segunda apelación podría demorarse hasta dos años en resolverse, según sostuvieron los expertos.
Juicio YPF: el Gobierno celebró el fallo de la Corte de EEUU
Una vez conocido el fallo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, remarcó la noticia: «Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más».
Desde la representación judicial del Gobierno nacional también celebraron la medida judicial norteamericana. “Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, sostuvo la Procuración del Tesoro.
“La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023, que condena al país a pagar US$16.100 millones de más intereses», señalaron en un comunicado.
