La Oficina del Presidente destacó la amplia victoria en Diputados en la iniciativa que baja la edad de punibilidad a 14 años y pidió al Senado tratar la reforma con “urgencia” para avanzar contra la impunidad.
La Oficina del Presidente celebró este jueves la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno consideró que la iniciativa pone fin a una discusión postergada durante décadas y afirmó que la normativa vigente había quedado desactualizada frente a la evolución del delito. En el texto, el Ejecutivo señaló que durante más de cuatro décadas la dirigencia política evitó abordar esta reforma y recordó que se presentaron más de 37 proyectos sin que ninguno fuera tratado.
“El delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, sostuvo el comunicado, y agregó que la Argentina “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.
Según la postura oficial, el nuevo régimen introduce un principio básico: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad.
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Pedido de tratamiento urgente en el Senado
“El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”, expresa el escrito.
En ese marco, el Gobierno expresó su confianza en que el Senado trate el proyecto con la urgencia que la situación exige, con el objetivo de que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
El comunicado también remarcó que un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos y sostuvo que sostener lo contrario implica “subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”. Con la media sanción ya aprobada en Diputados, el proyecto deberá ahora ser debatido en la Cámara alta para convertirse en ley.
Régimen Penal Juvenil: qué dice el proyecto
Según propone su texto, el objetivo del proyecto es «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social». Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar «por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas» y se habilitan «instancias de mediación con el adolescente imputado».
La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.
