Según precisaron desde el Poder Ejecutivo, el ajuste de personal se debió una «drástica reducción de áreas técnicas».
El Gobierno oficializó la puesta en marcha de una profunda reestructuración institucional para eficientizar el funcionamiento de la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de reducir el gasto público. Esta decisión se da horas después de que se diera a conocer el descubrimiento de la venta de información del juicio por YPF al fondo Burford, el que comenzó el proceso judicial contra Argentina.
Según precisaron desde el Poder Ejecutivo, el ajuste de personal implicará más de 60 desvinculaciones y una «drástica reducción de áreas técnicas». El Gobierno remarca que busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar la estructura al principio de austeridad.
Este recorte se suma a un achicamiento de personal que ya había comenzado en febrero de este año cuando ingresaron las nuevas autoridades. Desde ese momento, hubo una reducción del 20% de la plata. Ahora, pasará a haber cuatro en vez de seis Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta última medida apunta a que las funciones de capacitaciones se limiten a fortalecer al Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Estas tareas quedarán a cargo de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Por otro lado, se reducirán las unidades jerárquicas, se reorganizarán funciones superpuestas y se reasignarán competencias estratégicas.
YPF: vendieron información de la Procuración del Tesoro sobre el litigio
Estas medidas impulsadas por el Gobierno se dan luego de que se descubriera la venta de información del organismo al fondo Burford en el marco del juicio contra YPF.
Fuentes oficiales adelantaron a Ámbito que el procurador Santiago Castro Videla «no se toca», sino que se van a disolver áreas administrativas en la procuración «porque hay información que se filtró y está relacionada con YPF». Por el momento se desconoce qué tipo de archivos o datos fueron filtrados.
La venta de archivos podrían comprometer la posición del país y desnudar la estrategia de la Procuración en las diferentes causas en los que se encuentra involucrado el Estado nacional. Se trata de litigios de alta sensibilidad en tribunales internacionales en los que están en juego, por caso, activos de la Nación, como la petrolera de mayoría estatal.
