Sin FMI no hay paraíso. Desde el último jueves, el equipo económico argentino encabezado por el ministro Luis Caputo ha prolongado su estancia en Washington en un despliegue de tenacidad diplomática -la expresión es excesiva- que podría extenderse varios días adicionales, en sintonía con la inminente visita del presidente programada para el 14 de octubre.
Esta inmersión en la capital donde permanecen las rotativas que alimentan de dólares a todo el planeta no es un mero trámite, sino una respuesta a la complejidad de las negociaciones que entrelazan al Tesoro de Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. El dato a tener presente es que, con la evolución de las jornadas, queda claro que la luz verde de un nuevo programa emerge como el requisito indispensable para activar el salvataje.
El núcleo de estas deliberaciones -bajo un hermetismo inédito y con la figura de Kristalina Georgieva y su staff pivoteando por todo Washington- reside en un paquete de asistencia integral, diseñado para inyectar oxígeno a una economía asediada por reservas escasas y presiones cambiarias.
En primer lugar, se perfila un swap renovado por u$s20.000 millones entre la Reserva Federal y el Banco Central de la República Argentina, un instrumento que proporcionaría liquidez inmediata en divisas para estabilizar el mercado de cambios y mitigar fugas de capital en un contexto de inflación que aún ronda los dos dígitos mensuales. Este swap, sin embargo, no opera en el vacío: su financiamiento se anclaría en Derechos Especiales de Giro (DEGs) aportados por Estados Unidos a través del FMI, un mecanismo que alivia la presión sobre el presupuesto federal norteamericano al tiempo que impone un escrutinio multilateral. Para que ese mecanismo se active, hace falta el aval del board del organismo.
Los DEGs, con su valor equivalente a una canasta de monedas fuertes, representarían no solo un puente temporal, sino un catalizador para reposicionar las reservas netas del BCRA por encima de los umbrales críticos, evitando así intervenciones forzadas en el mercado oficial.
Intervenir en el mercado de bonos, una llave para bajar el riesgo país
Complementando esta línea de liquidez, el compromiso de Washington incluye una intervención directa en el mercado de bonos soberanos argentinos –algo que había anticipado Ámbito la última semana-, posiblemente mediante adquisiciones selectivas por parte del Tesoro o en coordinación con inversores institucionales. Lo curioso es que para disparar esta medida en Washington piensan que debería bastar apenas el compromiso de hacerlo, una reversión del «whatever it takes» que ya puso en juego el secretario Scott Bessent. Difícilmente -cavilan- los inversores aniden desconfianza en el pago de la deuda argentina si quien está detrás de ese compromiso dice tener -y daría que pensar eso mismo- dólares infinitos a su disposición.
Esta medida buscaría comprimir los spreads crediticios, que se han ensanchado ante la incertidumbre electoral, y fomentar una demanda externa que alivie la carga de financiamiento del gobierno en un horizonte de vencimientos que supera los u$s30.000 millones hasta el final del mandato del presidente Milei.
No obstante, la viabilidad de este entramado depende de un nuevo acuerdo con el FMI, que el gobierno argentino deberá negociar de aquí en adelante para despejar el terreno al respaldo del Tesoro.
Las exigencias del FMI y las del Tesoro
Bajo la dirección de Kristalina Georgieva, el Fondo no se limitaría a ser un mero canal operativo, sino que exigiría un replanteo de las facilidades extendidas, con énfasis en metas cuantificables que garanticen la sostenibilidad de la deuda y la consolidación macroeconómica. Las condicionalidades de este programa renovado abarcarían, entre otros pilares, el logro de superávits primarios consistentes, la racionalización del gasto público en subsidios y transferencias, y reformas estructurales orientadas a el plano tributario, la apertura comercial y la desregulación laboral.
A eso deberá sumarse el compromiso de elevar el número de reservas en el BCRA, un pedido puntual que el Gobierno decidió desconocer del programa del FMI que aún hoy la Argentina tiene vigente con el organismo y que mereció un waiver del Fondo.
Tales exigencias, aunque rigurosas, responden a la necesidad de restaurar la credibilidad de Argentina como deudor serial del FMI, cuyo saldo pendiente es el mayor en la historia del organismo. El Directorio Ejecutivo del FMI, árbitro supremo de estas decisiones, incorpora un elemento de poder asimétrico donde la cuota de Estados Unidos —del 16,5%— confiere un veto de facto, alineando los intereses bilaterales con la disciplina multilateral.
Sin el consenso de este board, el swap y las compras de deuda quedarían suspendidos en un limbo burocrático, exponiendo al país a un rebote de volatilidad que podría erosionar los avances en la agenda de ajuste impulsada por el Ejecutivo de Milei. La visita presidencial del 14 de octubre inyecta un matiz político de alto voltaje a esta secuencia temporal. Más allá de las cumbres con el secretario del Tesoro, el diálogo con Georgieva y su equipo cobrará protagonismo, no solo para afinar detalles técnicos, sino para proyectar una narrativa de compromiso reformista ante agencias calificadoras y fondos globales, en un año donde las legislativas definen el equilibrio de poder en el Congreso. En rigor, será tarea del Palacio Legislativo la discusión del nuevo acuerdo.
Este respaldo externo, si se concreta, podría ser el bálsamo necesario para sostener el plan de estabilización, permitiendo al Gobierno navegar las turbulencias preelectorales sin recurrir a dilapidar reservas de forma descontrolada por parte del BCRA o controles de capital más severos.
