El Gobierno nacional incluyó este jueves en Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu que participaron de la toma de tierras de Villa Mascardi en 2022, donde en 2017 fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en el marco de un operativo de Prefectura ordenado por la Justicia y ejecutado por Patricia Bullrich.
Los representantes de la Lof mapuche, que busca el reconocimiento como propias de tierras que califican como «ancestrales» por ser precedentes a la conformación del Estado argentino, fueron incorporados por el Ministerio de Justicia, que conduce el abogado Mariano Cuneo Libarona, en el listado de personas y entidades relacionadas con el terrorismo.
La inclusión de la comunidad y de sus miembros se realizó en el mes de septiembre, pero no es la única ni la primera agrupación mapuche que integra el registro. En el mismo figura también Facundo Jones Huala, referente del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el cual tomó relevancia durante la desaparición de Santiago Maldonado, cuando fue acusada por el gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de una serie de ataques contra la propiedad privada.
La incorporación de Lafken Winkul Mapu en el RePET generó el rechazo del grupo debido a las implicancias que le genera a sus integrantes, desde el perjuicio en el cobro de Asignaciones Familiares y la cancelación de cuentas bancarias y billeteras virtuales, hasta el impedimento de la percepción de una pensión por discapacidad del hijo de una de las integrantes.
En ese marco, la Gremial de Abogados y Abogadas convocó a una conferencia de prensa para este viernes a las 10 en la sede de la CTA Autónoma. Mediante un comunicado, calificaron la decisión del Gobierno como «una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’, que abre la antesala de una persecución que se dirigirá a cualquier organización, comunidad o colectivo que pueda ser un obstáculo para la política del saqueo».
Los mapuches que fueron incluidos recientemente integran la agrupación que entre 2017 y 2022 ocupó terrenos públicos y privados en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de la ciudad rionegrina de Bariloche. Uno de sus integrantes era Rafael Nahuel, quien el 25 de noviembre de 2017, mismo día del velatorio de Maldonado, fue asesinado por la espalda por un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Efectivos de la Policía Federal y de Prefectura, a instancias del juez federal Gustavo Villanueva y por orden de la ministra Patricia Bullrich, llevaron a cabo el operativo en el que detuvieron a miembros de la comunidad que ocupaban desde hacia dos meses los terrenos, entre elles mujeres, niños y niñas que estuvieron precintados durante varias horas. En ese marco, dispararon con balas de plomo y mataron Nahuel e hirieron a otras cuatro personas.
En noviembre del 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Sosa, Sergio García y Juan Obregón por “homicidio agravado con exceso en la legítima defensa”. Se les dictaron penas de entre 4 y 5 años de prisión y una inhabilitación para cumplir funciones por 7 años.
Entre los integrantes de la comunidad que fueron incorporados al listado de terroristas también figura Matías Santana, conocido públicamente como el “mapuche de los binoculares” por el falso testimonio que brindó durante la desaparición de Maldonado, quien dijo declaró haber visto cómo miembros de Gendarmería trasladaban al activista. En el registro también se incluyó a Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi, María Nahuel, entre otros integrantes.
En mayo pasado, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a varios de ellos con penas en suspenso al encontrarlos responsables de los delitos de usurpación. La comunidad ingresó a dos predios pertenecientes a Parques Nacionales, desde los cuales avanzó a otras propiedades estatales y privadas, bajo el argumento de la preexistencia ancestral.
Desde la Gremial de Abogados y Abogadas afirmaron que el motivo de la conferencia pública de este viernes será “poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios, que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático”.
