El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, desplazó a Mayki Gorosito de su cargo como directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA. La medida generó un fuerte rechazo por parte de la asociación de sobrevivientes del excentro clandestino de detención, quienes interpretaron el gesto como parte de una política de desmantelamiento en materia de derechos humanos.
Gorosito había asumido el cargo en abril de 2022. Su remoción se da en un contexto de recortes y reasignaciones impulsadas por el Ejecutivo en distintas áreas, incluida la de Memoria, Verdad y Justicia.
“Este acto no puede entenderse como una decisión administrativa aislada”, advirtieron en un comunicado firmado por Ana Soffiantini, representante del consejo asesor de sobrevivientes dentro del directorio de organismos del Espacio Memoria Ex ESMA.
Críticas a una política de vaciamiento
Desde la organización calificaron el desplazamiento como “una clara manifestación del desprecio sistemático hacia la política de Memoria, Verdad y Justicia” por parte del gobierno de Javier Milei.
En el texto, los firmantes alertaron sobre un rumbo político que, según denunciaron, apunta directamente al vaciamiento simbólico e institucional de espacios dedicados a la memoria del terrorismo de Estado. “No se trata solo de una remoción injustificada, sino de una política sistemática de desmantelamiento de los espacios de memoria”, indicaron.
Para los sobrevivientes, las decisiones recientes del gobierno están motivadas por “odio ideológico, negacionismo y revancha”, lo que se traduciría en el intento de “desmantelar símbolos clave de nuestra democracia”. Y agregaron: “El Sitio de Memoria ESMA no es un espacio neutro: es un testimonio vivo del horror de la dictadura, pero también de la fuerza transformadora de la justicia y la memoria”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la medida asegurando que «los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad», en línea con la reorientación de recursos que impulsa su cartera.
Los sobrevivientes consideraron que la salida de Gorosito “constituye un retroceso grave, una afrenta a los sobrevivientes del genocidio y un agravio a los detenidos desaparecidos”. En el escrito, exigieron su restitución inmediata y llamaron a la sociedad civil a “defender el Sitio de Memoria ESMA y todo lo que representa”.
“No permitiremos que el odio borre la memoria, no permitiremos que la mentira reemplace la verdad, no permitiremos que la impunidad derrote a la justicia”, concluye el pronunciamiento.
El desplazamiento de Gorosito se produjo pocos días después de que el Gobierno cediera a los fiscales federales un predio de cinco mil metros cuadrados dentro del complejo de la ex ESMA, como parte del refuerzo logístico ante la inminente puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio.
