El Gobierno nacional dejó sin efecto el arancel antidumping del 28% que, desde 2020, gravaba las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China. La decisión impacta directamente en Aluar, principal productor del país y controlante de Fate, que días atrás anunció el cierre de una de sus plantas. Desde el peronismo, presentaron un proyecto para repudiar la medida y exigir su revisión.
La resolución fue oficializada este 23 de febrero en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y deja sin efecto la protección que había sido impuesta en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. El esquema vencía el próximo 5 de marzo y, tras la revisión técnica, el Gobierno decidió no prorrogarlo.
De esta manera, la medida impacta de forma directa en Aluar, la única productora primaria de aluminio del país, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, que había solicitado la continuidad del arancel. Además, la decisión se conoció pocos días después del anuncio del cierre de la planta de neumáticos Fate, también perteneciente al mismo grupo empresario.
javier madanes quintanilla y javier milei
La eliminación del arancel: qué evaluó el Gobierno
Según el informe del área de Comercio Exterior, “no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina”, argumento central para dejar caer la medida en línea con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio.
El análisis oficial evaluó precios y estructura de mercado durante el período investigado. De acuerdo con la resolución, el precio internacional del aluminio registró una baja del 16%, mientras que en el mercado interno Aluar aplicó incrementos de entre el 5% y el 7%. En paralelo, su participación en el mercado local pasó del 64% en 2019 al 91% en 2024.
Durante la vigencia del arancel, las importaciones desde China se redujeron de forma significativa y no superaron el 3% del total entre 2022 y 2025. Para Economía, estos indicadores muestran que la herramienta dejó de cumplir el objetivo correctivo para el que había sido diseñada y que no puede sostenerse sin evidencia de prácticas desleales o daño comprobable.
La CNCE señaló además que el foil de aluminio impacta en “diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico”. Según el organismo, este producto representa entre el 3% y el 4% de la facturación total de Aluar Aluminio Argentino, empresa que, a su vez, controla entre el 60% y el 65% del costo de producción del foil, al ser la única fabricante de aluminio primario en el país. Ese nivel de integración le otorga una posición determinante en la estructura del mercado local.
El producto alcanzado es el denominado “foil” u hoja de aluminio simplemente laminada y sin soporte, con espesores de entre 0,006 y 0,2 milímetros y una anchura máxima de 1.300 milímetros. Se trata de un insumo clave para el envasado de alimentos, bebidas y medicamentos, así como para la fabricación de membranas aislantes en la construcción, por lo que su precio impacta de manera directa en distintas cadenas productivas.
Con la eliminación del arancel, el Gobierno apunta a restablecer condiciones de competencia en un mercado altamente concentrado y habilitar el reingreso de oferta asiática.
Proyecto de repudio en el Congreso
En respuesta a la decisión oficial, la diputada Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó un proyecto para repudiar la medida del Gobierno nacional. La iniciativa solicita además la urgente revisión y el restablecimiento del arancel, en resguardo de la industria nacional, el empleo argentino y la soberanía productiva.
En los fundamentos, la iniciativa advierte que la eliminación del arancel implica un fuerte impacto económico y social, ya que el sector del aluminio resulta estratégico para el desarrollo industrial por su incidencia en la construcción, el transporte, la industria alimenticia, el sector energético y diversas actividades manufactureras.
El proyecto subraya: “En el actual escenario macroeconómico, caracterizado por recesión, caída del consumo, retracción del crédito productivo y deterioro del mercado laboral, la eliminación de instrumentos de defensa comercial debilita aún más a la industria argentina frente a economías con fuerte respaldo estatal y estructuras de costos sustancialmente diferentes”.
“En un contexto de crisis económica y desempleo creciente, es obligación del Congreso defender la industria nacional”, concluyó la diputada Monzón.
