El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, dispuso la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Además, también se prohibió la permanencia de las personas privadas de la libertad «en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos».
La medida fue oficializada tras la publicación de la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial de la fecha. En el documento, destacan que estos centros fomentan un esquema incompatible con el «sistema de reinserción social».
El Gobierno prohibió los centros de estudiantes en las cárceles
Según explicaron en el texto de la medida, uno de los fines de la ejecución de la pena privativa de la libertad es «el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia». En ese sentido, justificaron que «la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social».
Desde la cartera conducida por Bullrich consideraron que si bien «el derecho a la educación se encuentra plenamente reconocido como tal a las personas privadas de libertad en normativa internacional incorporada con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y, específicamente, en los artículos 133 a 142 de la Ley N° 24.660, texto según Ley N° 26.695″, las mismas normativas son «incompatibles con el sistema de reinserción social» y que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente.
«Por el contrario, el esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N° 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario», ahondaron.
La medida fue firmada únicamente por la ministra de Seguridad, y entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la fecha.
El Gobierno denunció penalmente a los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas por «sedición y asociación ilícita»
Tras la marcha de jubilados del 12 de marzo, el Gobierno presentó una denuncia penal por instrucción de Patricia Bullrich. La acusación fue realizada por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática ,y Asociación Ilícita Agravada.
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal y señaló como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que, según la cartera, habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados. También se apuntó contra Leandro Capriotti, vinculado a Chacarita y presuntamente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo, como uno de los principales responsables de la organización de la violencia.
Bullrich ya había anticipado que se realizaría la presente denuncia, durante una conferencia de prensa de su Ministerio. Asimismo, también fue aplicado el artículo 8 de la ley Anti Mafias 27.786. En el mismo se planteó una pena la «Asociación ilícita» entre los «Delitos contra el orden público” .
