El Gobierno pisa el acelerador. Este jueves, el Ministerio de Economía inició el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., que deberá completarse en un plazo máximo de un año.
La decisión se dio a conocer a través de la Resolución 1049/2025,
publicada en la última edición del Boletín Oficial, donde se remarca que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27.742 (Ley de Bases) la compañía estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. había quedado sujeta a privatización.
En los considerandos de la norma, se indica que la medida se enmarca en la «decisión del presidente JavierMilei de reducir la participación del Estado en actividades de carácter empresarial».
Con este objetivo, la cartera de Economía, a cargo de Luis Caputo, dispuso que la Secretaría de Transporte ejecute acciones para:
- Concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional
bajo administración de Belgrano Cargas y Logística S.A., teniendo que realizar
inventario, diagnóstico de situación, condiciones, entre otras medidas. Para ello, la norma establece que el dinero obtenido por el remate se destinará a un fideicomiso (creado por el decreto 976/2001) para financiar las obras sobre las vías a ser concesionadas. - Concesionar las vías férreas e inmuebles aledaños de las Líneas General
Belgrano, General San Martín y General Urquiza con sus respectivos
relevamientos y condiciones. Cabe aclarar que los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado ya que volverán a sus manos al finalizar la concesión.
- Concesionar el uso de los talleres ferroviarios de esas líneas con los
relevamientos correspondientes según lo reglamentado por la Agencia de
Administración de Bienes del Estado.
El Banco de la Nación Argentina será responsable de administrar los fondos
provenientes del remate público del material rodante, que se destinarán al
financiamiento de obras ferroviarias. Todos los procedimientos se desarrollarán a través de
las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de
coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo máximo de 12 meses para
completar el proceso de privatización, por que deberá concluir el 24 de julio de 2026.
