El Gobierno nacional dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya no podrá promover ni ser querellante en causas de lavado de activos, una de las funciones clave para la cual había sido creada. La decisión que le hace el juego a la especulación y a la evasión le da también un revés a la intervención que pueda tener en materia de investigar el financiamiento del terrorismo o sobre causas que involucren armas de destrucción masiva.
La decisión fue tomada en el Decreto 274/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial y le da un vuelco al histórico funcionamiento de ese organismo autónomo y autárquico.
Lo hace bajo el insólito plateo de que querellar “podría afectar su autonomía e independencia operativa”, y por presunta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “que indicó que nuestro país debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante”.
La explicación que también da el decreto firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es que quien debe querellar en causas de ese tenor es el Ministerio Público Fiscal.
El nuevo rol de la UIF
Eso sí, la UIF podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
También se le permite “dirigir actividades y operaciones” sobre investigaciones relativas a esos temas, así como también interactuar con organismos de inteligencia que puedan aportar datos.
Para ello podrá solicitarle al Poder Judicial “el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación” que desarrolle, así como también arbitrar “todos los medios legales necesarios para la obtención de información” que necesite.
No obstante, todo lo que recolecte deberá ponerlo “a disposición del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes”.
Al respecto, el decreto establece que “cuando la UIF haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal”.
El cambio en la legislación que le pone límites a la UIF fue posible por los atributos que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases y en el marco de la supuesta “emergencia pública administrativa, económica y financiera” en que se sustenta esa legislación.
$Libra, Vialidad
La disposición de que la UIF ya no podrá ser querellante en las causas que investiga se da en el singular momento en que la Justicia y el Congreso investigan la presunta participación del presidente Milei y algunos de sus funcionarios en la estafa con la criptomoneda $Libra.
Tanto el mercado de cripto como las estafas y lavados que surjan de ello es históricamente materia de investigación de la UIF.
El decreto 274/2025 también fue publicado luego de que la Corte Suprema le diera un inusual impulso a la causa Vialidad, en cuya primera instancia condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y su proscripción en la vida política nacional.
La UIF había hecho sus aportes en esa investigación y fue promotora y querellante también en otras similares lanzadas contra la exmandataria y ahora titular del Partido Justicialista (PJ) nacional.
La causa de la denominada “ruta del dinero K”, la de “los cuadernos de la corrupción” fueron otras de ellas. Pero también había impulsado investigaciones sobre los Panamá Papers, que salpicó a Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación.
