El Gobierno de Javier Milei modificó la ley que garantiza los derechos de personas en situación de calle. Con el Decreto 373/2025, reduce su intervención directa y delega responsabilidades a provincias y municipios.
El Gobierno nacional implementó cambios significativos en la ley que regula los derechos de las personas en situación de calle, limitando su intervención directa y fortaleciendo el rol de las provincias y municipios en la ejecución de políticas sociales. A través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se redefine el alcance de la Ley N° 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla.
Con esta medida, el Gobierno de Javier Milei busca reordenar el esquema de responsabilidades entre el Estado nacional y las jurisdicciones locales. Según el texto oficial, el Ejecutivo nacional actuará como «órgano rector» a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, pero su participación en la asistencia directa quedará supeditada a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.
La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
El decreto subraya que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Por eso, cada provincia y municipio podrá diseñar sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción. Según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente.
En definitiva, el Decreto 373/2025 marca un cambio de enfoque en las políticas de asistencia: el Estado nacional asume un rol de guía y coordinación, mientras que la implementación concreta de programas queda en manos de las provincias y municipios. Esta medida se enmarca en la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir la intervención estatal y reconfigurar las competencias entre Nación y las jurisdicciones locales, bajo un modelo de federalismo más acentuado.
