Mientras la oposición en el Congreso se preparaba para poner en debate la protección del sistema nuclear nacional, el Gobierno dispuso por decreto la privatización del 44 por ciento del paquete accionario de Nucleoléctrica Argentina (NASA), la sociedad anónima que opera las tres centrales nucleares que aportan energía al sistema eléctrico nacional.
La decisión de la administración de Javier Milei de poner en manos privadas un bien estratégico y clave para el país responde a dos cuestiones inmediatas: ganarle de mano al Congreso que tenía la intención de declarar a esa empresa como un “bien no enajenable” y garantizarse una entrada de dólares para sostener un plan económico que quema y/o fuga divisas.
La privatización parcial fue posible por la vigencia de la Ley Bases, aprobada por oficialistas y aliados en 2024, y fue concretada hoy en el decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida habilita la venta del 44 por ciento de la compañía y deja el 51 en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El porcentaje que resta queda en mano de los trabajadores del sector, a través de un Programa de Propiedad Participada, tal como lo establece la ley de privatizaciones 23.696.
El cartel de venta de esa empresa creada en 1994 y que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse de Río Tercero fue colgado con los mismos argumentos de siempre: que los capitales privados son los “medios más idóneos” para su financiamiento y que solo así operarán “de manera eficiente y competitiva”, tal como dice el decreto.
La encargada de continuar con el proceso de venta de acciones será la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, denominada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que hará “un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización”.
Del remate también serán responsables la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección de Normalización Patrimonial.
La oposición en el Congreso había dado cuenta de los riesgos que esta venta le generará a la soberanía nacional, y por ello anticipó el envío de un proyecto para ponerle freno. La idea era declarar al sistema nuclear como un “bien público estratégico no enajenable”. Para ello era necesario derogar el artículo 8 de la Ley de Bases.
El titular de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, había asegurado la existencia de un acuerdo entre varios bloques para que el tema sea tratado en la sesión prevista para el próximo jueves 2 de octubre, cuando la Cámara alta también trate los vetos contra la Emergencia en Pediatría (Garrahan) y de Financiamiento Universitario.
Por su parte, el candidato a senador de Fuerza Patria, Jorge Taiana, se manifestó en contra de la movida del Gobierno y sostuvo que se trata de un «alineamiento geopolítico en detrimento del interés nacional».
«La privatización de Nucleoeléctrica, que no es una empresa deficitaria, significa la desactivación del plan nuclear argentino, la paralización del Carem y fuga de cerebros», añadió.
