A contramano de su axioma de recortar a más no poder el gasto político, el gobierno de Javier Milei presentará ante la Justicia Electoral un pedido para reimprimir -sin la cara de José Luis Espert- la totalidad de las boletas únicas que ya están listas para ser distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires.
La medida no sólo implicaría la destrucción de todo lo hecho e impreso sino que además generaría un gasto extra que supera los 10 millones de dólares para el Estado.
La decisión de recurrir a la Justicia fue tomada por la Casa Rosada en medio del desaguisado que atraviesa el oficialismo producto de la renuncia del candidato a diputado vinculado a personajes del narcotráfico internacional.
La presentación será hecha ante el Juzgado Electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla, que cuando llegue el pedido a su despacho deberá decidir sobre las siguientes cuestiones:
- Dar luz verde a la baja de José Luis Espert en las listas de La Libertad Avanza (LLA).
- Aceptar o no la propuesta del oficialismo de colocar el nombre de Diego Santilli en su lugar, y no el de la exvedette Karen Reichardt tal como correspondería por ser la segunda en la nómina original.
- Aceptar o no el pedido de imprimir nuevamente todas las Boletas Únicas de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires y generarle al Estado un costo de más de 15 mil millones de pesos (alrededor de 10 millones de dólares).
Lo notable del caso es que, según trascendió, el pedido de los apoderados de LLA será que ese gasto no salga de las arcas del partido sino que lo asuma el Estado a través del Ministerio del Interior.
Uno de los que puso el grito en el cielo por esta jugada de LLA fue el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana: «Esperemos que el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas y con todos los plazos de modificación vencidos”.
“Reimprimirlas costaría 15 mil millones, que es el dinero que se necesita para financiar al Garrahan”, posteó en su cuenta de la red social X.
La movida que pretende el mileísmo no sólo implicará destruir la totalidad de las BUP que ya fueron impresas –catalogadas según su sección electoral, embaladas para ser distribuidas con Espert como cabeza de lista y almacenadas en organismos públicos hasta su traslado-, sino también duplicar todas las jornadas de trabajo que requirió esa operatoria y, obviamente, el pago extra a todo el personal encargado de hacerlo.
Además, el pedido irá a contramano de lo acordado el 1 de septiembre pasado, cuando los apoderados de cada partido acordaron y confirmaron el diseño de las boletas, tal como lo establece el Código Nacional Electoral. El artículo 63 de esa norma da como último plazo para ese trámite 60 días previos a los comicios.
Con esos plazos normales, la Justicia Electoral no tiene margen de tiempo para ordenar una reimpresión. Máxime en momentos en que las boletas están en proceso de fraccionamiento y distribución.
Por su parte, Taiana recalcó que la renuncia de Espert “no borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el Gobierno de Milei con el caso $Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba financiera y el criminal endeudamiento externo”.
Además, sostuvo que la renuncia de Espert a su postulación fue “un logro del pueblo argentino, que repudia su conducta y asociación con Machado”.
