La Casa Rosada analiza postergar el debate penal para las sesiones ordinarias y concentrar su capital político en la reforma laboral, el proyecto que Javier Milei considera clave para su agenda económica.
El Gobierno nacional está evaluando posponer la discusión de la reforma del Código Penal en el Congreso para concentrar sus recursos políticos en lograr la aprobación de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias que se realizarían en febrero.
La idea de la administración libertaria es replicar la estrategia usada en diciembre pasado, cuando atrasó otras iniciativas para priorizar temas considerados urgentes, como el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
El proyecto de modificación del Código Penal, que contempla cambios profundos en las penas para delitos graves, todavía está en etapa de revisión y no fue remitido formalmente al Congreso. Ante la complejidad de la iniciativa y el amplio temario previsto para las extraordinarias, en el oficialismo creen que conviene llevarlo a las sesiones ordinarias que arrancan el 1° de marzo, cuando habrá más tiempo para debatirlo en detalle.
Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli
Voceros gubernamentales sostienen que la reforma penal requiere un tratamiento cuidadoso y amplio consenso, algo que sería más factible con la agenda ordinaria. Por eso también están detrás de la estrategia de alinear a aliados y negociar con distintos bloques para asegurar el avance de la reforma laboral, que hoy concentra buena parte de las acciones en la mesa política del Ejecutivo.
La discusión refleja una tensión interna en la Casa Rosada entre impulsar cambios ambiciosos al marco penal y no dispersar el capital político en múltiples frentes al mismo tiempo.
El Gobierno posterga el debate legislativo del acuerdo Mercosur-UE y prioriza la reforma laboral
Aunque el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a instalar el tema en la agenda pública, en el Gobierno dejaron en claro que su tratamiento parlamentario no figura entre las prioridades inmediatas. En la Casa Rosada entienden que febrero no será el mes para abrir ese debate en el Congreso y que, si todo avanza según lo previsto, la discusión quedará para marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones.
La decisión no responde a una objeción de fondo al tratado, sino a una cuestión de estrategia legislativa. Durante las sesiones extraordinarias que continuarán en febrero, el oficialismo concentrará todos sus esfuerzos en la reforma laboral, el proyecto que Javier Milei considera central para su programa económico y que hoy enfrenta un escenario ajustado en el Senado. Con negociaciones abiertas con gobernadores y bloques dialoguistas, el Ejecutivo optó por no sumar un frente de discusión adicional.
