Aunque el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a instalar el tema en la agenda pública, en el Gobierno dejaron en claro que su tratamiento parlamentario no figura entre las prioridades inmediatas. En la Casa Rosada entienden que febrero no será el mes para abrir ese debate en el Congreso argentino y que, si todo avanza según lo previsto, la discusión quedará para marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones.
La decisión no responde a una objeción de fondo al tratado, sino a una cuestión de estrategia legislativa. Durante las sesiones extraordinarias que continuarán en febrero, el oficialismo concentrará todos sus esfuerzos en la reforma laboral, el proyecto que Javier Milei considera central para su programa económico y que hoy enfrenta un escenario ajustado en el Senado. Con negociaciones abiertas con gobernadores y bloques dialoguistas, el Ejecutivo optó por no sumar un frente de discusión adicional.
Hasta ahora, Javier Milei no confirmó si viajará a Paraguay este fin de semana, donde el 17 de enero tendrá lugar la firma y la foto oficial. El primer mandatario tiene una agenda complicada: estará, un día antes, en el festival cordobés de Jesús María, y partirá el domingo a Davos. Sí estará presente el canciller, Pablo Quirno.
El extenso proceso de ratificación y la puja legislativa interna empujan al acuerdo comercial a un segundo plano
El acuerdo Mercosur-Unión Europea, además, tiene un recorrido institucional largo y múltiple. Para entrar en vigencia, no alcanza con la aprobación del Congreso argentino: el texto debe atravesar los parlamentos de los cuatro países del Mercosur y también el Parlamento Europeo. Ese entramado de ratificaciones reduce la urgencia política de su tratamiento inmediato.
Según el esquema previsto, una vez concluida la firma política, el acuerdo pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. En paralelo, cada país del Mercosur deberá iniciar su propio proceso de ratificación conforme a sus procedimientos internos. Solo después de que la Unión Europea complete sus trámites y cada país sudamericano haga lo propio, el acuerdo podrá comenzar a aplicarse.
Incluso en el escenario más optimista, los tiempos no son cortos. Fuentes diplomáticas y técnicas coinciden en que, si los procesos avanzan sin sobresaltos, la entrada en aplicación podría darse recién hacia fines de 2026.
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Ese horizonte lejano explica, en parte, la lectura del Gobierno. En Balcarce 50 sostienen que no tiene sentido forzar un debate parlamentario en febrero cuando el impacto concreto del acuerdo no será inmediato y cuando el Ejecutivo necesita capital político para empujar reformas internas que sí prometen efectos más rápidos.
La oposición, sin embargo, observa la postergación con atención. Algunos bloques interpretan que el acuerdo con la Unión Europea podría convertirse en una oportunidad para ordenar una agenda de consensos amplios, mientras otros advierten que el tratado reaviva viejas tensiones entre apertura comercial, protección industrial y asimetrías productivas dentro del Mercosur.
El contexto regional también suma ruido. La relación entre Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, atraviesa un momento de frialdad política que tiñe la lectura del acuerdo. Aunque Brasil fue clave para destrabar la negociación, las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos hacen que el tratado funcione, también, como un nuevo capítulo de la grieta regional.
Las demoras que acumularon las negociaciones explican buena parte de esta cautela. El acuerdo estuvo trabado durante años por resistencias internas en Europa, especialmente vinculadas a cuestiones ambientales y productivas, y por cambios de signo político en los países del Mercosur. Cada avance requirió renegociaciones técnicas y equilibrios diplomáticos que hoy vuelven a pesar.
En ese marco, el Gobierno argentino apuesta a administrar los tiempos. La prioridad es ordenar el frente interno, avanzar con la reforma laboral y consolidar mayorías parlamentarias mínimas. El acuerdo con la Unión Europea no está descartado ni cuestionado, pero quedó corrido del centro de la escena.
Así, mientras el tratado espera su turno en un calendario internacional que se extiende hasta 2026, la Casa Rosada deja en claro que su agenda legislativa inmediata mira hacia adentro. La apertura al mundo, al menos por ahora, deberá esperar a que se despejen primero las disputas domésticas.
